Ensayos

Factura Electrónica, Inmuebles y Notarios

Fernando García Sais

Notario 210 de Sinaloa

www.garciasais.com.mx

@FGarciaSais

Coordinador del Notariado, Colegio de Abogados Egresados del ITAM

 

Los contribuyentes deben emitir comprobantes fiscales (facturas) por los ingresos que perciban o por las retenciones que realicen. Dichos comprobantes fiscales, desde 2014, deben emitirse de manera electrónica, actualmente se denominan CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet).

El Servicio de Administración Tributaria ofrece el servicio de facturación electrónica directamente en su página de Internet. Correlativamente a la obligación de expedir facturas, los consumidores y adquirentes tienen derecho a exigir se les emita el Comprobante Fiscal (CFDI).

En operaciones celebradas ante notario público, cuando se enajenan inmuebles, los notarios están obligados a expedir su factura (CFDI) más aparte el “complemento”, también electrónico e imprimible. En el complemento por cada inmueble, en caso de que en un instrumento público se traslade el dominio de más de uno, el notario incluye información esencial relacionada con la operación realizada.

El complemento contiene los siguientes datos: nombre de las partes (persona física / empresa) compradora y vendedora; RFC y CURP (éste último no en caso de empresas. Si es un extranjero no residente fiscalmente en México, se usa un “RFC genérico”); valor de la operación; número de la escritura; fecha de la operación; domicilio del inmueble. Si son varios compradores, se emite un solo CFDI y un solo complemento (en el que se señala el porcentaje que le corresponde a cada adquirente).

En general, no contar con facturas de lo que se adquiere implica no poder acreditar dicho gasto a través de los distintos mecanismos fiscales (sean devoluciones, acreditaciones, compensaciones, deducciones).

Por su trascendencia, el SAT ofrece el servicio de conciliación para que sea la autoridad fiscal la que invite –amigablemente— al proveedor, empresario, agente económico (como el notario) a expedir el CFDI de manera correcta y completa. El sitio es el siguiente: http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas/Solicitud_No_emi_Fac.aspx

La Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) prevé supuestos en los que el notario no está obligado a expedir el complemento. La excepción, a la regla general, aplica tratándose de liberalidades como las sucesiones hereditarias (herencia y legado) y donaciones (siempre que sean gratuitas); cuando ante el notario las partes acepten que el vendedor expedirá el CFDI; cuando quien enajena (el vendedor) sea una persona moral; cuando el vendedor sea una persona física con actividades empresariales y el inmueble forme parte del activo empresarial; todas aquellas transmisiones en las que el instrumento público no sea por sí mismo comprobante del costo de adquisición, como cuando el notario protocoliza adjudicaciones administrativas, judiciales o fiduciarias y contratos privados traslativos de dominio a título oneroso.

En 2018, el quinto transitorio de la RMF permite que otro notario, el elegido para formalizar una nueva enajenación, expida el CFDI y el complemento, en caso de que no se haya expedido en su momento (ya sea por el enajenante o el fedatario). Ello aplica solamente si el contribuyente adquirió el inmueble durante el ejercicio fiscal de 2014, pero formalizó (escrituró) ante notario a más tardar el 31 de diciembre de 2017. La RMF también permite que el contribuyente solicite el CFDI y el Complemento a cualquier notario, aunque no se trate de una nueva enajenación, y exclusivamente durante el 2018 (previo pago de honorarios al notario por el servicio de emisión del complemento).

Los notarios públicos de todo México somos coadyuvantes de la autoridad fiscal federal y, en la medida que los contribuyentes proporcionen información certera podremos también calcular y retener los impuestos que correspondan, en la inteligencia que son los prestatarios los responsables por inexactitud o falsedad y deberán cumplir con la contribución omitida y sus accesorios.

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Artículos Periódico Reforma

Cláusulas abusivas toleradas (Reforma, 6 diciembre 2016).

capture Fernando García Sais

Notario Público 210 de Sinaloa

http://www.garciasais.com.mx

 

El control administrativo y, posteriormente, judicial de las cláusulas abusivas en los contratos es un mecanismo de protección a los consumidores de bienes y servicios y a los usuarios de servicios financieros en un contexto en el que los derechos de los consumidores son derechos humanos con rango y valor constitucional y, particularmente, en un entorno en el que la observancia de las reglas favorece también el proceso de libre competencia.

Por muchas razones, diariamente circulan contratos de adhesión en casi todos los sectores de la economía (vivienda, telecomunicaciones, transporte, por señalar algunos) y en su vasta mayoría el control administrativo es insuficiente. No todos los contratos son de registro obligatorio y, los que sí lo son, logran pasar el espacioso filtro, produciendo lamentables daños a la economía, primero de los consumidores y, después, de la nación.

En nuestro Derecho, las cláusulas redactadas unilateralmente por el empresario que contengan elementos abusivos “se tienen por no puestas” en todo lo que perjudiquen al consumidor, conservándose todo lo que le beneficie. El test, sin embargo, implica ejercicios jurídicos sofisticados y una amplitud de criterio, basada en el conocimiento y en la experiencia, que muchas veces por las vicisitudes del servicio público no se tienen.

Una de las cláusulas que más daño causan a los consumidores y que, sorprendentemente, han sido avaladas en sede administrativa, es la relativa a lo que los abogados litigantes conocen como la cláusula de jurisdicción y competencia, con base en la cual el predisponente incorpora el foro para litigar que más le conviene, sacrificando el derecho de los consumidores a litigar y resolver eficientemente las fricciones en sus domicilios jurisdiccionales. La doctrina científica dice que el foro del consumidor siempre es preferente. Es decir, el consumidor puede si quiere litigar en su domicilio, no obstante el sometimiento abusivo contenido en un contrato de adhesión.

Hoy las empresas tienen consumidores muy lejos del área geográfica de la sede real, del centro de negocios de las empresas. Incluso las propias empresas se han deslocalizado u operan a través de contratos de franquicia, joint venture, alianzas, por todo el país. El consumidor, por poner un ejemplo, de Mazatlán no tendría por qué ir a Mérida a litigar con su proveedor de un servicio de telecomunicaciones, sólo porque el empresario estratégicamente hace una especie de “forum shopping” y le encarece el eventual litigio al consumidor. El resultado de ello es que las violaciones en sede de consumidores las carga siempre el consumidor.

En materia administrativa, la Ley del Consumidor dice que las reclamaciones se pueden desahogar en el domicilio que el consumidor elige, palabras más palabras menos. En materia de acciones colectivas, instrumento al alcance de todos para hacer valer este tipo de derechos, tristemente los legisladores mantuvieron la regla tradicional y decimonónica, aplicable a los litigios tradicionales, de que el domicilio del demandado es el que fija la competencia.

La reforma de acciones colectivas de 2011 -proyecto que tuve el honor de redactar junto con otros académicos del ITAM—es regresiva en diversos aspectos (lo regresivo lo imputo al Congreso, por los cambios al proyecto académico). Establece que no todos los miembros de la colectividad afectada forman parte del litigio sino sólo aquellos que así lo manifiesten, cuando la regla más progresista debería ser la inversa. Pues, atentos a esta regla (opt in) junto con la sumisión al foro del proveedor, parecería que las acciones colectivas en lugar de mitigar los problemas del acceso a la justicia para los consumidores, los potencializa.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación está por resolver otra solicitud de atracción en materia de acciones colectivas y, precisamente, el tema de fondo que se plantea es el de si los jueces deben atender al principio pro colectividad, tener un criterio jurídico amplio y progresista o, si por el contrario, los justiciables seguimos sujetos a un Derecho decimonónico (del que se ha enseñado en algunas universidades sin mucha reflexión y criterio) que no reconoce los derechos humanos y que prefiere cerrar las puertas de la justicia a las causas más nobles.

El tema del amparo en revisión que se busca sea atraído tiene que ver con la regla del artículo 24.IV del Código de Procedimientos Federal, buscando que esa norma se interprete conforme al principio pro colectividad (contenido en el 583 del mismo código). El propósito es que se establezca por el máximo órgano de control constitucional que será juez competente para conocer de las acciones colectivas, el del lugar que elija el representante común o representante legal de la colectividad, con la única condición de que en ese lugar tengan su domicilio tales representantes y/o algún posible integrante del grupo de consumidores afectados.

Sería “útil” que la SCJN atrajera el asunto e indicara a los jueces cómo aplicar viejas instituciones jurídicas a nuevos problemas sociales. Sería conveniente que en sede administrativa los órganos de la Administración Pública le pisaran al acelerador y tuvieran consciencia de la gran oportunidad que tienen de evitar tensiones en las relaciones de consumo. Una lista oficial de cláusulas abusivas, detectadas en los procedimientos respectivos, con efecto ultra partes sería un buen comienzo.

Apéndice: desde el notariado nacional se puede colaborar con los consumidores y apostarle al buen funcionamiento del mercado. ¿Quién levanta la mano?