Condominio y desarrollo inmobiliario, Segunda Parte (Noroeste,7 julio 2017)

Fernando García Sais

Notario 210 del Estado de Sinaloa

@FGarciaSais

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La Ley sobre el Régimen de Propiedad en Condominio fue adicionada en 1992 para incorporar un capítulo con 8 artículos que regulan a los condominios integrales o turísticos.

Si Usted dedica una media hora a su lectura, encontrará que es una ley sencillísima. Se trata de una ley de naturaleza administrativa, pura y dura. Con muchos esfuerzos encontramos algunos, pero trascendentes, derechos sustantivos. Tristemente la ausencia está por la inexistencia de remedios procesales para los condóminos. Por último, desde el punto de vista de la sintaxis y semántica tiene amplias áreas de oportunidad.

El acelerado crecimiento de las ciudades y el complejo desarrollo urbano, junto con la diversidad demográfica, en las que conviven personas de distintas nacionalidades, culturas, edades, orígenes sociales, son algunos de los factores que ameritan, con cierto grado de urgencia, la revisión de la ley del condominio y su eventual modificación y ajuste, sobre todo si partimos de la idea de que la copropiedad, como lo señalé en la entrega anterior, es fuente de diversos inconvenientes y, ciertamente, también de satisfacciones.

 

Quienes trabajamos cotidianamente con dicha ley observamos su insuficiencia. Los derechos de los consumidores adquirentes de viviendas o de los compradores de locales comerciales pueden no estar siendo protegidos de la manera más adecuada y amplia posible.

La posición del empresario tampoco es la más cómoda: pesan sobre él obligaciones intransferibles que, ante su incumplimiento, pueden sufrir demandas o gastos desproporcionados, considerando además que no existen medios alternos de solución de controversias previstos en la ley.

Los conflictos que potencialmente se pueden suscitar junto con los que ya actualmente se presentan ameritan una revisión de los costos y beneficios de la actual ley con la idea de valorar la pertinencia de crear un nuevo marco jurídico que, no sólo dé cauce a las inversiones, sino que con una visión social de la propiedad haga de la convivencia de las personas un espacio más para el desarrollo de las familias y el adecuado esparcimiento de los hijos. En los condominios mixtos, con fines residenciales y comerciales, la atención del legislador debe ser cuidadosa y cautelosa a efecto de ponderar adecuadamente las externalidades (principalmente, las negativas),

Un tema que dejo señalado por su transcendencia es el de la consolidación de una cultura condominal: la ley debe propiciar acciones y actitudes que permitan una sana convivencia, el respeto, la tolerancia, la responsabilidad, el cumplimiento, la corresponsabilidad, la participación y la solidaridad, entre otros valores. Asimismo, no debemos dejar de lado la útil y conveniente participación del Estado para tareas de orientación y capacitación, incluyendo a la administración de los condominios, que muchas veces están en manos de empresarios que no tienen experiencia ni conocimientos en el tema.

Como en otras ocasiones lo hecho, en este espacio convoco a los actores políticos para que “antes de que explote la bomba” le dediquen algo de tiempo, al de sus ocupadas agendas, para revisar las leyes vigentes y hacer los ajustes necesarios para que acompañen a los ciudadanos y a los inversionistas, y Sinaloa crezca y se desarrolle en un clima competitivo y, sobre todo, con bienestar social.

 

Condominio y desarrollo inmobiliario, Primera Parte (Noroeste, 23 junio 2017)

Fernando García Sais

Notario 210 del Estado de Sinaloa

@FGarciaSais

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La copropiedad como manifestación del derecho de propiedad es una situación jurídica que se presenta cuando una cosa o un derecho pertenece proindiviso (es decir, en comunidad, sin dividir) a dos o más personas. En el caso de los bienes inmuebles, se trata de un derecho real de propiedad que recae sobre una cosa (terreno, casa, departamento, local comercial).

Estudiada la copropiedad a partir de su regulación en los diversos códigos civiles se advierte que desde su concepción es una institución que legislador le ha parecido conveniente desincentivar, pero como es inevitable que surja, lo mejor es regularla eficientemente.

Como ejemplo de que la copropiedad es una situación jurídica que, desde el punto de vista social y económico, no debe ser incentivada lo constituye el esencial derecho a separarse, que en la dicción legal encuentra la siguiente fórmula: “[…] no pueden ser obligados a conservarlo indiviso, sino en los casos en que por la misma naturaleza de las cosas o por determinación de la ley, el dominio es indivisible”

Correlativamente al derecho de la indivisión se le acompaña con el derecho del tanto que tienen los copropietarios para adquirir –en lugar de cualquier tercero ajeno a la copropiedad— la parte del copropietario que quiere disminuirla o abandonarla. Las consecuencias de no respetar el derecho del tanto, en la medida que se trata de un verdadero derecho real, produce la nulidad del acto y la enajenación no produce efectos jurídicos.

 

Como cultura jurídica, no es lo mismo el derecho del tanto que el derecho de preferencia también llamado derecho de preferencia por el tanto. Este último derecho existe convencionalmente, no por ministerio de ley, y su violación produce una indemnización por contravención a la preferencia pactada. Ambas figuras son de indispensable conocimiento por cualquier abogado y, frecuentemente, es ignorado y desconocido y, en ocasiones, confundido.

La introducción anterior me permite avanzar en el tema del condominio, como situación que surge por la existencia de un derecho real de propiedad privada individual junto con un derecho de copropiedad sobre lo que son las áreas comunes que pertenecen proindiviso a todos los copropietarios de determinado régimen condominal. En el caso del condominio, por disposición de la ley, las áreas comunes no son susceptibles de división y solo pueden transmitirse junto con el derecho, llamémosle, principal de propiedad privada sobre el inmueble en cuestión.

Nosotros en Sinaloa desde 1973 contamos, afortunadamente, con una ley que regula la creación, la organización y los derechos derivados de regímenes condominales. La creación del régimen de condominio debe hacerse ante notario y por declaración del o los propietarios de lo inmueble. Dicha escritura equivale a una norma jurídica, creada en sede notarial, en la que junto con la escritura de compraventa y el reglamento del condominio, se fijan los derechos y obligaciones de los condóminos.

¿Cómo cobra el Notario? Segunda parte (Noroeste, 9 junio 2017)

 

Fernando Garcia Sais

Notario Público 210 del Estado de Sinaloa

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@FGarciaSais

Por un lado, el artículo 15 de la Ley del Notariado claramente se decanta por la idea de que los notarios no son servidores públicos, sujetos a una relación laboral, con subordinación jurídica ni con dependencia económica. Ello es importantísimo: el notario es independiente del Estado y de las vicisitudes políticas. Sin embargo, el Estado debe cuidar su función y vigilar su ejercicio.

En su segunda parte contiene el principio de cobro conforme al arancel. Es un derecho en favor de los usuarios: los notarios no pueden cobrar por los servicios de fe pública más de lo que prevea el arancel. Hay quienes opinan que la ley cuando dice “no excederán” es porque implícitamente permite “disminuirlo”. Es una lectura parcial e inexacta de la ley, que pasa por alto principios esenciales de derecho administrativo y de la función del notario. Para poder disminuirlo, debería preceder una autorización expresa por parte del legislador o de la autoridad.

El arancel, como toda norma jurídica, puede ser violado. Se requiere una supervisión. El Consejo de Notarios (no los Colegios, que son asociaciones civiles) tiene la atribución de vigilar la aplicación del arancel (art. 180) y se le permite al notario dispensar su aplicación en casos concretos, “previa solicitud fundada de cualquier Notario en ejercicio, siempre y cuando no exista riesgo de violación a lo dispuesto en la presente Ley”. El programa federal del “mes del testamento” actualizaría este supuesto.

Y es que en casos de interés social o por un problema de interés púbico, que el Estado quiera resolver, los notarios pudieran solicitar autorización para dar “precios especiales o descuentos” a la población. Aquí tenemos una norma que con contundencia autoriza a concluir que el notario no debe cobrar precios inferiores a los establecidos en la ley. Los notarios tienen derecho y obligación, pues, a cobrar los honorarios que señala el arancel previsto en el artículo 194.

Por la naturaleza pública del notario y de la función notarial, los notarios no están autorizados para acordar honorarios como sí lo hacen los abogados. Un notario que haga competencia desleal (similar a la prevista en el artículo 159 de la Ley del Notariado) manipulando el arancel a su antojo estaría violando la ley y dañando considerablemente a la función notarial.

Esa práctica se conoce como depredación de precios y es ilícita. De la misma manera, como lo ha resuelto la jurisprudencia, los acuerdos entre agentes económicos para fijar precios, ya sean bajos o altos, son anticompetitivos y sancionables por la Comisión Federal de Competencia. Hay, desde mi punto de vista, una relación importante entre la calidad del trabajo notarial, el respeto al arancel y la ética notarial.

 

¿Cómo cobra el Notario? Primera parte (Noroeste, 26 de mayo 2017)

 

Fernando Garcia Sais

Notario Público 210 del Estado de Sinaloa

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@FGarciaSais

Los notarios son abogados, verdad de Perogrullo. Sin embargo, no son exactamente iguales. Y no me refiero a que sean mejores o peores. Por un lado, la función notarial está regulada en una ley de carácter administrativo y, por otro lado, los notarios están investidos de fe pública, que originariamente corresponde al Estado.

Al tener como fuente una norma administrativa, los notarios sin ser servidores públicos, quedan sujetos al régimen de derecho público y, particularmente, al principio de legalidad que reza: “solamente pueden hacer aquello para lo que cuentan con autorización expresa de la ley” o dicho de otra forma: todo lo que no está permitido, está prohibido. Al contrario de lo que acontece con los abogados quienes pueden hacer todo lo que no se les prohíba expresamente.

Además, el ejercicio del notariado es una función de orden e interés público. La función es delegada por conducto del Poder Ejecutivo estatal y recae en un abogado que, por tener ciertas cualidades, se considera idóneo para cuidar adecuadamente de esa función.

Si y sólo sí se entiende la naturaleza de la regulación y de la función del notario, comprenderemos la regulación del arancel que, cuestión aparte, pudiera ser objeto de debate si los montos económicos son altos o bajos, justos o injustos. Tema este que debería ser abordado en sede legislativa, sin olvidar la realidad económica del Estado y el incremento exponencial de las cargas administrativas y fiscales hacia el notariado.

En microeconomía se sabe que ante la demanda de bienes de consumo necesario un aumento en el precio no la afecta. Es decir, se dice que la demanda es inelástica, porque por más que suba el precio, el consumidor tiene la necesidad de adquirirlo y al no haber bienes sustitutos, sus opciones se reducen. El mercado de la fe pública es uno de bienes de consumo necesario, por lo que habría que tener presente el efecto económico referido.

El arancel notarial se desenvuelve en dos facetas importantes: desde el lado del usuario, como un derecho; desde el lado del notario, como una obligación. Al estar previsto en una ley de naturaleza administrativa, el arancel no puede ser objeto de convenio entre las partes. Equivaldría, en ese punto y sólo en ese punto, a la imposibilidad jurídica que tiene un oficial del Registro Civil para modificar los “precios” de las actas del estado civil.

Respecto del cobro por los servicios notariales, en el caso de Sinaloa, la Ley del Notariado contiene algunas referencias importantes que merece la pena identificar. El artículo 15 establece que los notarios no reciben un sueldo del Estado y que los honorarios que cobren “no excederán” del arancel previsto en la ley. Y para evitar incurrir en defecto legislativo con una norma imperfecta, el legislador previó una sanción: si el notario cobra más de lo previsto en la ley se hace acreedor a una multa económica (art. 159) de 30 a 300 días de salario, hoy UMAS. Si no pueden cobrar más ¿pueden cobrar menos? Este tema lo analizo en mi siguiente entrega.

Acción colectiva vs Condominio

Fernando García Sais

Notario Público 210 del Estado de Sinaloa

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Si pagas cuotas de condominio y su monto fue determinado con base en alguna cuestión diferente (número de cuartos, baños, ventanas) a la medida de tu propiedad, este texto te puede interesar. Tradicionalmente las fricciones inter condóminos, al menos en Sinaloa, únicamente se pueden resolver vía asambleas o juicios de nulidad de actas. Aquí expongo una vía novedosa y, a mi juicio, más efectiva: las acciones colectivas.

Las acciones colectivas federales son un valioso instrumento jurídico que permite a grupos de personas vinculados entre sí por circunstancias de hecho o de derecho comunes acudir ante un juez federal para reclamar la reparación de un daño o la cesación de una actividad perjudicial o potencialmente dañina. A través del acceso colectivo a la justicia se protegen derechos colectivos y derechos difusos.

En nuestro Derecho, las acciones colectivas se limitaron en la reforma constitucional de 2010 y en la secundaria de 2011 a tensiones derivadas de las relaciones de consumo, a daños en materia de competencia económica (por la afectación al consumidor final) y por lesiones al medioambiente— reformas de las que, junto con un grupo de académicos del ITAM, fui corredactor—.

Las relaciones de consumo están reguladas por una ley federal y constituyen un terreno amplísimo en el que entran en colisión derechos de diversa índole y en distintas materias de la actividad económica y del mercado de bienes y servicios. Lo mismo hay consumidores de servicios de telecomunicaciones que consumidores de productos y suplementos alimenticios; consumidores que adquieren derechos de tiempo compartido, o que celebran contratos de crédito y prenda (consumidores de servicios financieros), por mencionar algunos.

Junto con esas adquisiciones hay una porción de la actividad económica vinculada con el acto más importante que celebran por su valor patrimonial: la adquisición de inmuebles destinados a casa habitación. Ahí, se conecta la ley federal con las leyes locales en materia de bienes raíces. La ley federal regula los aspectos relacionados con la protección al consumidor y las leyes locales lo relacionado con la transmisión de la propiedad y la constitución de los regímenes de propiedad en condominio.

Por disposición de la norma federal, la venta de inmuebles destinados a vivienda (aplica solo para inmuebles construidos, sean casas o departamentos en régimen de condominio) importa la necesidad para los vendedores (desarrolladores, fraccionadores, empresarios) de celebrar un contrato de adhesión que esté sancionado por la autoridad federal competente, la que se encargará de que los actos jurídicos no tengan cláusulas abusivas que afecten los derechos mínimos de los consumidores.

Los consumidores de este tipo de bienes inmuebles pueden agruparse y demandar vía acción colectiva cualquier violación a derechos contractuales e, inclusive, extracontractuales (como la falta de cumplimiento a lo ofrecido o prometido en la publicidad de los inmuebles).

No obstante, complementariamente a dicha posibilidad tan evidente, emerge una nueva: es posible que el régimen de propiedad y condominio, que constituye una declaración unilateral de quien lo crea, pueda ser sometido a control judicial para determinar si contiene cláusulas abusivas que en sede notarial no fueron detectadas por los notarios públicos y que mientras no se eliminen regirán las relaciones internas de los propietarios del condominio.

Un ejemplo de ese tipo de cláusulas abusivas lo constituye la alteración de los derechos y obligaciones que cada condómino tenga sobre los bienes comunes, que debe ser proporcional al valor de su propiedad individual, fijado en la escritura constitutiva del régimen. Ahí debe figurar el valor nominal que se asigne a cada condominio, así como el porcentaje nominal sobre el valor total de las partes en condominio. Cualquier desviación en dichos valores constituye una violación a los derechos del consumidor.

Este tipo de litigios abrirán la puerta para una nueva forma de hacer efectivos los derechos de los condóminos (consumidores de inmuebles afectos a regímenes de propiedad y condominio) que actualmente no tienen vías eficientes para hacer ajustes a las escrituras públicas que los contienen y que se asemejan notablemente, por su naturaleza, a los contratos de adhesión, en la medida que son predispuestos por el empresario y constituyen un sometimiento a condiciones contractuales impuestas y diseñadas por la parte fuerte en esa relación contractual.

Practicar Derecho (Noroeste, 31 marzo 2017)

Fernando García Sais

Notario 210 del Estado de Sinaloa

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“El Derecho se aprende en la práctica”, se repite penosa y vergonzosamente en diversas facultades de Derecho. ¿Será cierto? ¿Es el Derecho una técnica o una Ciencia? ¿Puede un abogado sin conocimientos teóricos desempeñarse adecuadamente en la práctica? La adquisición del conocimiento, sin duda alguna, puede realizarse por medio del estudio o la experiencia.

Es la escuela de Derecho el espacio por excelencia para que los estudiantes adquieran las bases teóricas que les permitirán tener un ejercicio profesional de calidad, con conocimientos pluridisciplinarios (Economía, Contabilidad, Política, Filosofía, etc.) y valores éticos. Si estudiar Derecho es memorizar normas y repetirlas, no cabe duda que las casas de estudio jurídico deberían ir cerrando sus puertas. Las Universidades deben entrenar a sus alumnos para entender al Derecho como un factor de control y, muy relevantemente, de cambio social.

Es de lamentarse que la frase sea dicha, incluso por profesores de Derecho, quienes transmiten esa miseria de pensamiento a sus estudiantes, en lugar de enfatizar la importancia que tiene el conocimiento científico, que se adquiere a partir del trabajo que se haga, no sólo con las normas, sino con la aplicación de herramientas de otras ciencias, de tal manera que en el ejercicio profesional se puedan resolver las tensiones en beneficio de la sociedad.

Un buen programa de Derecho combina conocimientos teóricos y prácticos. No invita al estudiante al abandono de la escuela en busca de la codiciada práctica profesional. Así, las “clínicas de Derecho” que algunas de las mejores Universidades de México (ITAM, CIDE) han implementado para la aplicación del conocimiento teórico a casos reales, son un éxito. Ahí, los estudiantes defienden casos reales, llevan asuntos a la Suprema Corte de Justicia, revisan políticas públicas, analizan su implementación, entre otras actividades.

Hace unas semanas, el mundo fue testigo de lo que los estudiantes de Derecho de Yale (EUA), lograron hacer al conseguir que un juez federal emitiera una orden para prohibir al gobierno de Estados Unidos cualquier deportación basada en la orden ejecutiva del presidente Trump, que se aplicaría a ciudadanos de siete países del Medio Este para evitar su ingreso a EUA. Pueden leer la nota directamente: http://yaledailynews.com/blog/2017/02/03/law-school-clinics-immigration-case-develops/

Más allá del problema social resuelto gracias a esos jóvenes estudiantes y sus profesores, es evidente que en Yale a los estudiantes no se les invita a dejar de estudiar, reflexionar, criticar ni proponer; mucho menos a iniciar su vida profesional de mensajeros en alguna oficina pública o privada. Al contrario, la escuela se convierte en el eje toral para que se practique, en serio y de verdad, el Derecho.

Hay, en México, cerca de 2000 instituciones de educación superior autorizadas por las autoridades educativas para “enseñar Derecho”. Ello no es grave si no somos conscientes de que el abogado tiene confiado valores superiores de las personas, familias y empresas. La libertad, la defensa del patrimonio, y hasta la vida se pone en las manos (o en riesgo) de los profesionales del Derecho.

Si revisamos algunas leyes, observaremos que, en no menos de una función pública, los abogados tenemos el monopolio: jueces, magistrados y ministros; notarios y corredores públicos; agentes del ministerio público; titularidad de diversas procuradurías de justicia, de protección al consumidor, al ambiente, etc.; compartimos con economistas otras funciones clave como la de miembro de órganos constitucionales reguladores autónomos como la Comisión de Competencia y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, por mencionar algunos.

La competencia desleal producida en un mercado de servicios jurídicos es otro de los problemas. Quien menos instrucción tiene, vende sus servicios a cualquier precio. Los operadores económicos en el mercado (personas, familias, empresas) que enfrentan problemas derivados de la asimetría informativa, pueden caer en la trampa. Para salir de ella, contratarán abogados más preparados y, al final, habrán incurrido en más costos.

La fuente del problema es que ante la presunción de verdad de la frase con la que abro este espacio, las escuelas cotorrean y los estudiantes también. El ejercicio profesional se vuelve, también, puro cotorreo. El Derecho no se aprende en la práctica. El derecho se aprende estudiando. En la práctica se adquieren experiencia y destrezas.

Testamento bancario (Noroeste,16 de marzo de 2017)

Fernando García Sais

Notario 210 del Estado de Sinaloa

@FGarciaSais

La herencia es la sucesión en todos los bienes del difunto así como en todos sus derechos y en todas sus obligaciones, salvo aquellos que se extingan a consecuencia de la muerte. Lo anterior significa que cuando nos morimos trasmitimos todos los derechos y todas las obligaciones (activo y pasivo).

Entre los únicos derechos que se extinguen a partir de la muerte y que por consecuencia no se pueden transmitir a nuestros herederos se encuentra el derecho de usufructo los derechos reales del uso y el de habitación, todos los derechos derivados de las relaciones personales y sin más (como el parentesco, el matrimonio, la patria potestad), los derechos derivados de contratos personalísimo os como los servicios profesionales o el mandato incluyendo desde luego los poderes. El derecho a votar y el de ser votado, evidentemente como derechos políticos que lo son, no pueden heredarse.

Quienes asistimos a las Facultades de Derecho, en su momento, aprendimos que el patrimonio de los muertos integra una “universalidad de derecho”, lo que significa que todo entra en esa bolsa. Procesalmente, quienes litigan dicen que es un “juicio atractivo”, similar a lo que acontece en el procedimiento de concurso mercantil.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al distribuir competencias entre la Federación y los Estados estableció, y así se ha mantenido hasta nuestros días, que la facultad para legislar en materia civil la mantendrían los Estados de la República. En consideración a ello, los códigos civiles de cada una de las entidades federativas regulan diversas instituciones relacionadas con la familia, con los bienes, con los contratos y con las obligaciones, y finalmente con las sucesiones y los testamentos.

Por cierto, la asignatura de sucesiones debería ser la última en impartirse en las escuelas de Derecho, dentro de las materias de Derecho Civil. Es imposible entenderla sin un pleno conocimiento de las otras asignaturas (familia, bienes, obligaciones y contratos).

En esa tesitura la Federación no pudiera regular las materias de las cuales no se reservó en el pacto federal y que corresponden al ámbito de las legislaturas estatales como resulta ser entre otras la materia sucesoria. Lo anterior viene a cuento por el llamado “testamento bancario” (una aberración jurídica) y que no es otra cosa que la designación que se hace en un contrato de depósito (sin notario de por medio) señalando beneficiario(s) de las cantidades allí depositadas para el caso de que el depositante fallezca, hecho éste seguro pero incierto respecto del momento en el que acaecerá.

La Ley de Instituciones de Crédito dispone que en caso de fallecimiento del titular de la cuenta, la institución de crédito entregará el importe correspondiente a quienes el propio titular hubiese designado como beneficiarios, en la proporción estipulada para cada uno de ellos. Concluye estableciendo que, si no existieren beneficiarios, el importe deberá entregarse en los términos previstos en la legislación común.

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Eutanasia, constitucionalismo local y notariado (Noroeste, 3 marzo 2017)

Fernando García Sais

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Notario 210 del Estado de Sinaloa

@FGarciaSais

Hablar del derecho a morir implica reflexionar en torno a el derecho a vivir. Dichas reflexiones no son sólo filosóficas sino médicas y, relevantemente, jurídicas. De manera general, vale la pena recordar que nuestro Estado mexicano es laico. Existen razones religiosas que invitan a algunas personas a oponerse a la eutanasia ya que atribuyen a algún dios el derecho de dar la vida y, consecuentemente, de quitarla. No voy a profundizar en un debate de dicha envergadura, me limitaré a hablar desde la óptica de las instituciones jurídicas.

El pasado 5 de febrero, el día de la conmemoración de los 100 años de la Constitución Federal, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Constitución Política de la Ciudad de México. En la parte que interesa para los efectos de esta columna, el artículo 6, dentro del capítulo de los derechos humanos, subtitulado “Ciudad de libertades y derechos”, establece un derecho a la “autodeterminación personal” con base en el cual toda persona tiene derecho a la autodeterminación y al libre desarrollo de una personalidad.

Dicho derecho humano fundamental deberá posibilitar que todas las personas puedan ejercer plenamente sus capacidades para vivir con dignidad, dice textualmente. Y concluye con una oración contundente: “La vida digna contiene implícitamente el derecho a una muerte digna”. Es decir, se abre la posibilidad para que se legisle (y se despenalice) la eutanasia.

Recordemos que en la Ciudad de México ya existe la “voluntad anticipada” como instrumento para que las personas declaren ante notario que no desean prolongar su vida de manera artificial. Voluntad anticipada y eutanasia son un complemento libertario del derecho a la vida digna. La eutanasia (o suicidio asistido) no es sino la acción o la omisión, generalmente realizada por médicos, para ocasionar la muerte.

Como paréntesis, recuerdo lo que sobre voluntad anticipada escribí en este espacio el 23 de mayo de 2015 https://fernandogarciasais.wordpress.com/2015/08/03/vida-y-razon-noroeste-23-de-mayo-de-2015/. Ahí sostuve que “[a] causa de las enfermedades, del sufrimiento personal y familiar y de los altos costos involucrados en torno a la “obstinación terapéutica” (distanasia) en todos los rincones del Planeta, individuos libre y conscientemente solicitan que se les permita morir. En veces piden que otros les maten; el sufrimiento y la agonía son insoportables e indignos. “Vivir” en algunas formas, para algunos, es deleznable.”

En Sinaloa, la Constitución también contiene previsiones entorno a la vida digna (toda persona tiene derecho a que se respete su vida; el Estado y los municipios establecerán un sistema permanente de apoyo a las personas de la tercera edad para permitirles una vida digna y decorosa) mientras que el Código Penal tipifica el delito de homicidio (privar de la vida a otro) sin excepción para el caso del suicidio asistido o eutanasia. Inclusive, es un delito la instigación o ayuda al suicidio, penalizándose también la mera tentativa (si el suicidio no se consuma, pero hay lesiones).

Segundo paréntesis: el constitucionalismo local no debe dejarse al olvido. En los Estados de la República, las constituciones son importantes y trascendentes para ir moldeando los cambios sociales y las transformaciones del Estado de Derecho. La asimetría en el tema de los derechos humanos es patente vis a vis los avances a nivel federal. Las constituciones locales, por otro lado, son desconocidas por los juristas y por la población, y quizá por los propios gobernantes. Fin del paréntesis.

La vida es del ser humano, no del Estado ni de ninguna otra institución, incluyendo a la familia. Cada persona debe poder decidir si, en su caso personal, la vida merece ser vivida. El ordenamiento jurídico nacional debería, por lo mismo, contener reglas iguales para ciudadanos que se presumen iguales. Si en Sinaloa y otros Estados no se dan pasos similares, se producirá una inconstitucionalidad que afecta las libertades básicas, las negativas, las de no intromisión, que hoy con la evolución de los derechos humanos y su carácter progresivos, es inadmisible.

Los notarios podríamos recibir las declaraciones que sobre eutanasia o voluntad anticipada respecto hagan las personas dejando instrucciones para el caso de que lleguen a caer víctimas de una enfermedad. El País está avanzando de manera rápida y el fortalecimiento de los derechos debe potencializarse. La institución del notariado debe ser un aliado de las personas y de las familias para solucionar problemas y evitar sufrimientos innecesarios y contribuir a consolidar el derecho a la vida digna.

Orden Jurídico Nacional (Noroeste, 17 febrero 2017)


Fernando García Sais 

 

Notario 210 del Estado de Sinaloa

 

 

Pasados los festejos con motivo de los 100 años de la Constitución, quedan un conjunto de reflexiones vertidas por distintos sectores de la sociedad y, muy importante, de juristas estudiosos de los fenómenos constitucionales y de un sinfín de prolegómenos vertidos por otros no tan expertos. Existe, empero, un cierto grado de unanimidad respecto de la ineficacia de la Constitución en lo que concierne a la consecución de ciertos principios y valores, como el de la igualdad.

 

 La realidad es que no es lo mismo celebrar que la Constitución tenga una vida de 100 años que celebrar que México haya vivido durante 100 años el efecto de esa Constitución. Deseable sería tener vida constitucional. Ello sería conveniente para la formación y maduración del Estado de Derecho y, naturalmente, para la producción adecuada de la totalidad del ordenamiento jurídico nacional (OJN).

 

 En efecto, todas las normas que tras 1917 se han ido produciendo dentro del OJN, algunas menos recientes que otras y con causas de nacimiento circunscritas a diversos momentos históricos marcados por fenómenos políticos o económicos diferentes, todas son producto de la misma fuente. La Constitución en sí misma contiene disposiciones que durante el transcurso del tiempo se han ido incorporando y que, en su conjunto, parecería algo así como un caleidoscopio normativo que un documento coherente, ordenado.

 

 Lo mismo acontece con el OJN. Tratados, leyes federales, códigos, leyes orgánicas, reglamentos, normas oficiales mexicanas, si bien forman parte de ese OJN, lo cierto es que entre ellas no logran comunicarse adecuadamente. Quizá habría que añadir a ese listado la jurisprudencia que produce el Poder Judicial de la Federación, como normas jurídicas creadas en sede jurisdiccional.

 

 La construcción del OJN tiene el mismo vicio que la “reformitis” en la Constitución. Aparecen nuevas leyes; otras se reforman. La agenda de los políticos ni siquiera esporádicamente incluye la revisión de si el OJN ya creado está funcionando adecuadamente, si las normas comunican eficientemente, si entre ellas existe congruencia. Cada nueva legislatura, llegan un conjunto de reformas que pretenden salvar la vida, resolver problemas que a nadie se la había ocurrido resolver mediante una nueva ley.

 

 Cuando la falta de aplicación de las normas, derivada ya del desconocimiento de las mismas por parte de la población o de la franca voluntad de no respetarlas junto con la ausencia de autoridad que, no obstante, la ignorancia o el afán inveterado de violarlas, las imponga a toda costa, produce que el ambiente de antijuridicidad se vaya tornando más en una regla que en una excepción.

 

 El OJN debe servir para regular, transformar, contender con tensiones y fricciones. Si la Constitución no ha funcionado, tampoco las normas que se han producido con su vigencia y lastimado vigor.

 

No estacionarse (Noroeste,6 de enero 2017)

Fernando García Sais

Notario 210 de Sinaloa

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@FGarciaSais

El Derecho es lenguaje. Similarmente a lo que acontece cuando aprendemos un idioma extranjero, el estudiante de primer ingreso a esta interesante ciencia del Derecho, está aprendiendo un nuevo lenguaje. Para entender el contenido de cualquier enunciado normativo necesitamos entender el lenguaje utilizado en la redacción normativa, al igual que tratándose de los llamados “conceptos jurídicos” (tales como “norma”, “sanción”, “coacción”).

El Derecho se dice con palabras; las normas contienen oraciones integradas por letras (símbolos) que forman palabras. Las oraciones, simples o complejas, cuando están contenidas en una norma constituyen “enunciados normativos”. Los enunciados normativos establecen conductas permitidas o prohibidas.

El legislador en general, y el hacedor de políticas públicas en particular, al momento de producir un determinado cuerpo normativo se vale de lenguaje para la creación de conceptos jurídicos, que pueden o no coincidir con lo que las palabras significan en un diccionario no jurídico.

El derecho también se expresa en signos o, si se prefiere, en símbolos. Por ejemplo, en materia de tránsito vehicular existen una porción considerable de símbolos que contienen una significación jurídica, con mandatos para los destinatarios de la norma (no estacionarse, no rebasar, límites de velocidad, por citar algunos).

Toda norma, bien esté formada por signos o símbolos o por lenguaje debe ser interpretada. La interpretación en primer término es realizada por el sujeto obligado por la norma. Esta interpretación, empero no es la interpretación “auténtica” que producen los tribunales, principalmente los constitucionales.

¿Qué significa la señal de tránsito contenida en un disco con una letra en mayúscula y cruzada desde lado superior derecho hacia lado inferior izquierdo?

Prima facie, cualquier conductor medianamente razonable dirá que se prohíbe estacionarse en un lugar determinado. Sin embargo, para los efectos de la aplicación de la norma que contiene dicha prohibición resulta trascendente y sumamente relevante determinar qué significado jurídico tiene la palabra “estacionarse”.

Estacionarse para algunos significará detener el vehículo; para otros detener el vehículo y abandonarlo, y para otros detener el vehículo y abandonarlo sin pasajeros por algún tiempo. Debemos pues acudir a la fuente creadora del concepto para definirlo.

El Derecho crea pues conceptos y les atribuye el significado que en lugar y momento determinado considera relevante el creador normativo.  El uso de lenguaje por parte de los creadores normativos no debe soslayarse y debe buscarse un uso adecuado de las definiciones normativas para que al momento de la aplicación (administrativa o judicial) el ciudadano tenga certeza jurídica de cuál es la conducta que con el lenguaje el legislador prohibió o permitió.

Revisando, tras escribir este artículo, la Ley de Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa así como su Reglamento, encuentro lo que sospechaba. Se prohíbe, con ciertas peculiaridades, estacionarse en determinados lugares. Sin embargo, no se define el concepto “estacionarse”. Luego entonces, existe una laguna que puede generar incertidumbre jurídica.

Si nos atenemos a la definición que la Real Academia de la Lengua Española da al respecto, únicamente sería una infracción de tránsito cuando se deje un vehículo detenido y desocupado. Quizá los legisladores estatales pudieran empezar por atender este tipo de cuestiones. Quizá.

Si Usted tiene un hijo o conocido que esté por iniciar sus estudios jurídicos, me permito sugerirle no concentrarse demasiado en la memorización de conceptos ni, mucho menos, del Derecho Romano, éste último carente de cualquier practicidad actualmente. Mucho más útil resultará estudiar las teorías generales del Derecho como Kelsen y las aportaciones de otros juristas como Ross, Hart, Dworkin y Bobbio. Y, por supuesto, la corriente del análisis económico del Derecho.

Lamentablemente, la mayor parte de la doctrina mexicana que ha ilustrado por años a los juristas, consiste en aportar definiciones (muchas de ellas romanistas) y conceptos que poco pragmatismo efectivo tienen. Por ello, quizá, se dice que los abogados se hacen en la práctica, desaprovechando los “años maravillosos” de la época universitaria.