Artículos Periódico Noroeste

Pobreza, educación sin calidad y mediocridad colectiva (Noroeste 9 oct 2019)

Fernando García Sais

Notario 210 de Sinaloa

El nivel cultural de una sociedad entendido como el conjunto de modos de vida, costumbres, conocimientos, desarrollo artístico, científico, industrial viene determinado por diversos factores, de los que es inviable dar cuenta aquí. Me referiré, solamente, a la educación que se recibe en las escuelas y en los hogares. Principalmente mi interés reside en la evidencia universal de la correlación entre educación y bienestar.

Según José Narro Robles (“Derechos y políticas sociales”, Instituciones sociales en el constitucionalismo contemporáneo, Fix-Zamudio, Héctor y Valadés, Diego, UNAM-El Colegio Nacional, México, 2011, p.4.) la profunda desigualdad en el ingreso origina inequidad en el acceso a los servicios, paradójicamente, a los que tienen mayor efecto igualador: la educación y la salud. De manera inversa, es una verdad incontestable que a mayores índices de educación, mayor y más efectivo es el ejercicio de otros derechos fundamentales; es decir, mayor bienestar.

La condición de pobreza repercute en los niveles de alimentación, desnutrición y alta propensión a enfermedades de los individuos, lo que a su vez genera menor rendimiento, ausentismo y deserción escolar, que inevitablemente repercuten en la educación, en las posibilidades futuras de empleo y en el acceso a actividades mejor remuneradas; imposibilitan, pues, la superación de la pobreza.

En Estados Unidos, el Partido Demócrata postuló en su plataforma de 2016 que con su programa político se acabaría con el conducto “de escuela a prisión” para construir un conducto “de la cuna a la universidad”, donde cada niño pueda vivir plenamente su potencial divino.” (Democratic Party Platform 2016, http://www.presidency.ucsb.edu/papers_pdf/117717.pdf).

La educación, irrefutablemente, tiene un papel clave en el desarrollo de las personas. Promover, desde el Estado, el acceso a una educación de calidad constituye el firme pavimento de un camino hacia el conocimiento y la superación del hombre. Pero, me interesa sobre todo destacar el efecto colectivo que tiene el acceso individual a la educación: una suma de individualidades más educadas implicará mejores condiciones de bienestar social.

En el plano individual, tener educación representa la posibilidad de dejar de ser pobre. Hay datos como los de la CEPAL, que concluye que una persona del sector rural que termina la primaria o secundaria reduce considerablemente su probabilidad de caer en pobreza alimentaria, de capacidades o de patrimonio.

El rol que las familias desempeñan, en sus casas, es no sólo complementario de la obligación estatal de proveer educación de calidad, sino el requisito indispensable. Imputar las fallas a las instituciones educativas cuando desde la familia se asumen posiciones mediocres (auspiciando el sedentarismo, la utilización de aparatos electrónicos sin mesura, organizando competencias frívolas de “belleza” infantil y todo tipo de reinados) no es más que una falta de atención a los hijos mediante la promoción de conductas que no son las mejores o adecuadas. Es una detestable frivolidad. Del mismo tamaño cuando la escuela es la que promueve (por acción u omisión) tales desvíos.

Se trata de que todos los niños sepan remar, y remen, para llevar la balsa a mejor puerto y favorecer el estudio crítico, el deporte, las artes y las ciencias en general, al margen de cualquier perjuicio, servidumbre mental y fanatismo religioso, teniendo como fundamento los resultados del progreso científico.

Solamente así podemos distribuir equitativamente, como miembros de la sociedad, las cargas que la Constitución nos impone, las obligaciones que tenemos por el sólo hecho de vivir en sociedad, por no estar esperando que sea el Estado quien resuelva todos nuestros problemas y atienda nuestras necesidades. En el nivel agregado, la educación condiciona el desempeño de la economía nacional. La competitividad empresarial e industrial está determinada por el nivel de la educación.

 

 

 

 

 

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Conflictos vecinales (Noroeste, 2 octubre 2019)

Fernando García Sais

Notario 210 de Sinaloa

Los habitantes de la ciudad, históricamente, reclamamos que las autoridades sean efectivas y eficientes para atender los problemas derivados de la cotidianidad. Incluso, a nivel federal, se han organizado foros académicos del más alto nivel para revisar la regulación, las instituciones, los procesos, encontrar las fallas y proponer soluciones para hacer que la llamada “justicia cotidiana” opere satisfactoriamente.

En el año 2015 hubo un foro en la Universidad de Guanajuato, organizado por el CIDE, a petición de la Presidencia de la República (su antecedente fue el mensaje a la Nación de Enrique Peña Nieto “Por un México en paz con justicia y desarrollo” del 27 de noviembre de 2014). Tuve el honor de participar en algunas de las mesas en ese enriquecedor ejercicio invitado por el CIDE (dato accesorio que se comenta tangencialmente).

Lo relevante, y que lo relaciono con el título de esta entrega, tiene que ver con el apartado “Justicia para las comunidades y los vecinos” del documento entregado por el CIDE a la Oficina de la Presidencia (consultable en https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2015/04/Documento_JusticiaCotidiana_.pdf).

Como preámbulo, en el estudio se enfatiza en la importancia de poner la atención en los escenarios en los que puede haber conflictos sociales cotidianos entre vecinos: espacios de estacionamiento, el uso de las banquetas, el volumen de la música, el uso de las áreas comunes, etc., concluyendo que la existencia documentada de dichos problemas “sugiere … que la resolución oportuna de estos pequeños conflictos puede ser útil para prevenir la violencia social.”

Si uno le pregunta a un ciudadano medianamente informado y perspicaz si es posible exigir que el vecino le baje al volumen de su música, lo más seguro es que conteste que no sabe, que no hay una autoridad encargada de eso o que, si la hay, jamás tomará una medida correctiva. Por lo pronto el habitante del barrio no podrá dormir y es probable que la situación empeore y se haga “justicia por propia mano”. Al respecto, según el INEGI, el conflicto entre vecinos es tan cotidiano que puede tener dimensiones y repercusiones mayores que la venta de drogas o los homicidios (cito al estudio del CIDE).

Sin lugar a duda, en los municipios, los ayuntamientos deberían tener una oficina (municipal o un juzgado menor) destinada única y exclusivamente encargada de procesar conflictos entre vecinos suscitados por los problemas antes referidos o por la modificación del uso de suelo, la invasión y destrucción de áreas verdes o por la emisión excesiva de ruido.

Seguramente la utilización de una institución diseñada ad hoc para canalizar ese tipo de tensiones propiciará una mejor convivencia vecinal y no lo que hemos visto últimamente de manera atroz. La violación al Bando de Policía y Buen Gobierno, por vecinos “desesperados” que colocan mantas (no se sabe si es contra el gobierno, contra los vecinos o contra los inversionistas) o se hacen justicia por propia mano (ejerciendo ilícitamente violencia) constituyen tipos de conflictividad social (comunitarios y socio-territoriales) que difícilmente tenderán a desaparecer o disminuir por obra y gracia de la fe.

Necesitamos trabajar con urgencia en la revisión de los problemas cotidianos que no se logran canalizar institucionalmente y que constituyen acicates de difícil penetración para el fortalecimiento de la convivencia en comunidad.

 

 

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Ratificación #AnteNotario (Noroeste, 25 septiembre 2019)

 

En los instrumentos notariales se hacen constar actos jurídicos o hechos jurídicos. En el primer caso, hablamos de “escritura notarial”; en el segundo, de “acta notarial”. Para Usted lector que no es perito en Derecho, el acto jurídico es cuando hay una manifestación de la voluntad para crear consecuencias de derecho (contratos y convenios, pues); el hecho jurídico, el acontecimiento que el Derecho toma en cuenta para asignarle efectos jurídicos (la vida, la muerte, etc.).

Además de hacer escrituras para formalizar pactos entre las personas a los que la ley impone dicha forma (la escritura pública es la forma), la actividad notarial implica la elaboración de actas notariales para asentar toda una variedad de hechos presenciados por el notario y que se asientan en el protocolo (por eso se dice que “se protocolizan”).

Entre los hechos que se solicita al notario dejar constancia en su protocolo, se pueden mencionar a las notificaciones, interpelaciones, requerimientos, protestos; el deterioro de un inmueble por construcción de otra en terreno vecino, la existencia y detalles de planos, fotografías y otros documentos; las declaraciones de personas que, bajo protesta de decir verdad, efectúen respecto de hechos que les conste; y de manera general toda clase de hechos, abstenciones, estados y situaciones que guarden las personas y cosas que pueden ser apreciadas objetivamente.

Como un breve paréntesis me permito hacer esta aclaración proveniente de un precedente judicial: la fusión, subdivisión y la relotificación de un inmueble no puede considerarse un hecho jurídico susceptible de ser protocolizado a través de un acta notarial, porque no constituyen sucesos, fenómenos o cualquier otra manifestación externa de una actividad humana o natural productora de efectos jurídicos, sino que constituyen actos dependientes de la voluntad humana, por virtud de los cuales nacen, se modifican o extinguen relaciones jurídicas que deben protocolizarse a través de escritura pública. Fin del paréntesis (Tesis: II.1o.C.178 C).

El notario también hace certificaciones y cotejos de documentos, con base en los cuales se autentifica una copia que se autoriza por el notario y “vale lo mismo que un original”. Por último, el notario puede recibir a particulares para que ratifiquen el contenido y su firma estampada en un documento. Tratando de copias certificadas y de ratificaciones, los notarios no cuentan (en Sinaloa) con un libro especial para dejar constancia de dichos trabajos. En cada notaría se toman las precauciones y diligencias que se estimen oportunas. Algunos tenemos un archivo electrónico cronológico-sucesivo.

La ratificación de firmas y de contenido, ante notario, hace que el documento privado tenga fecha cierta desde el día que le fue exhibido. La jurisprudencia de la Corte dice que “[…] la certificación de una ratificación de firmas que calzan un contrato privado otorga la certeza de que al menos en la fecha en que ésta se efectúa, ya se había celebrado el acto traslativo de dominio, evitando con ello el riesgo de un fraude contra los acreedores.”, por lo que concluye la tesis: “[…] mientras no se declare judicialmente su falsedad, la certificación del notario convierte al documento privado en uno público con valor probatorio pleno de la celebración del acto jurídico que se ratificó, no respecto del contenido del documento, pero sí en cuanto a la ratificación de las firmas; de ahí que constituye prueba suficiente para acreditar ante el juzgador que la propiedad del bien se transmitió […]” (Tesis: 1a./J. 96/2007).

En Sinaloa existe una disposición imperativa que prohíbe a los notarios “ratificar, certificar o protocolizar los documentos privados para los que la Ley exija formalidades de instrumento público”. Es decir, una (promesa de) compraventa respecto de una casa o un terreno, al ser un contrato formal debe hacerse en escritura pública y por lo tanto, si al notario se le exhibe un contrato privado debería rehusarse. Una oferta no es un contrato, esa sí podría ratificarse, pues las ofertas no ameritan la forma de instrumento público. Pero ¿qué valor jurídico tendrá el acto notarial si se emite a pesar de la prohibición? Al no haber un libro de ratificaciones verificable por la autoridad, ¿habrá quien se preste a poner una antedata en documentos privados en fraude de acreedores? Me atrevo a decir que ningún notario lo haría de manera consciente.

La solución en el caso de Sinaloa es sencilla: modificar la Ley del Notariado para que se prevea un libro especial para protocolizaciones. A los notarios nos interesa la seguridad y certeza jurídicas. El legislador debe fortalecer el trabajo notarial. Ahí les dejo la tarea.

 

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Felizmente desiguales (Noroeste, 18 septiembre 2019)

La Constitución Federal, llamada asimismo “Política” también lo es una Constitución de carácter “Normativo”. A través de los derechos prestacionales, la Constitución impone la puesta en marcha de una actividad general del estado para satisfacer las necesidades individuales y colectivas. Para los poderes legislativos implica una regla que se traduce en producir instrumentos que permitan armonizarse en el conjunto de la actividad del Estado. Las administraciones públicas de todo el país están vinculadas por la Norma Suprema a satisfacer los derechos de las personas.

Las políticas públicas deben generar las condiciones y dotar de la infraestructura, en algunos casos con más intensidad que en otros, para asegurar el “mínimo vital” a los individuos. Por ejemplo, fortaleciendo el acceso igualitario a la salud (dándole las mismas oportunidades a todos) se logra disminuir la desigualdad. Un hijo nacido de una mujer enferma, sin atención médica adecuada, inicia su vida con mucho mayor desigualdad que uno que nace sano de una mujer sana con atención médica adecuada. Lo mismo vale respecto del derecho a la educación de calidad.

En un entorno en el que quien permanece por decisión propia en una situación peor de la que estaría si aprovechara las oportunidades, se produce una desigualdad con felicidad. La felicidad es subjetiva. La desigualdad (es objetiva y) cuando tiene como antecedente la falta de oportunidades o su minado acceso, no puede más que producir falta de felicidad, salvo que el individuo tenga una deficiencia seria que no le permita valorar la realidad adecuadamente. Lo normal es que el individuo y la sociedad padezcan en su conjunto de frustración colectiva.

En ocasiones se requiere que el Estado invierta dinero de los impuestos; en otras, que fortalezca las fibras por donde transcurre el ejercicio de los derechos, para facilitar su ejercicio, su uso. ¿De qué sirve que las personas tengan derecho al voto si pasadas las elecciones su participación política es nula? El nuevo funcionario no escucha al votante. Hay un distanciamiento entre la función pública y el público para quien sirve la función. ¿Sería tanto o más útil la participación del individuo en la actividad pública que el propio derecho al voto? ¿De qué sirve que haya libre expresión y difusión de ideas, si habrá ataques contra el mensajero, en lugar de debatir ideas que produzcan mayor calidad en la gobernanza?

Los gobiernos tienen un menú de excusas para no dar los derechos. La falta de recursos o de asignación presupuestal, las prioridades (que nadie sabe cuál es el criterio “priorizador”), la herencia del político que recién abandonó el cargo, etc., son las más socorridas. Es de lamentarse el discurso y la práctica política que, justificándose en la insuficiencia presupuestal para construir infraestructura de derechos que conduzca a la prosperidad y a la menor desigualdad, abuse de la vulnerabilidad de los más pobres para hacer clientela política mediante la entrega de satisfactores de necesidades que se agotarán sin abatir las causas de la desigualdad.

Lo cierto es que los recursos no se producen solos ni las soluciones están a la vista de todos. Los recursos se producen por el esfuerzo colectivo. El Estado es un aliado de la productividad. La función recaudadora y las obligaciones constitucionales así lo imponen. Ante un problema, no hay una solución que no conduzca a otro problema. El político debe por anticiparse y tomar la mejor decisión.

Si quienes asumen posiciones relevantes en una comunidad política carecen de conocimientos técnicos, deberían rodearse de personal que sí los tenga. No ha habido ni habrá gobiernos que no se equivoquen. Pero diseñar políticas y programas destinados al fracaso de manera consciente y voluntaria, es una acción política insólita.

Afectar la prestación de derechos y no elevar, por ejemplo, el nivel cultural del promedio de la población, va a producir mexicanos felizmente desiguales, clientes potenciales de todo tipo de abusos y un lastre para el esfuerzo colectivo de ser un mejor país.

 

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Morir juntos y sucesiones separadas (Noroeste, 11 septiembre 2019)

 

Dr. Fernando García Sais

Notario 210 de Sinaloa

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En curso el “mes del testamento”, a las notarías públicas se presentan consultas interesantes que ameritan un conocimiento exhaustivo de Derecho Civil en su conjunto. La materia de sucesiones por causa de muerte –para que suene más pretensioso “mortis causa”— es típicamente la última asignatura de los “Civiles” estudiada durante la carrera de Derecho. No faltará el plan de estudios que la prevea antes, erróneamente, por donde se le vea. Es imposible que un estudiante entienda la compleja materia de sucesiones sino comprendió a cabalidad los cursos de “personas y familia”, “bienes y derechos reales”, “obligaciones” y “contratos”. Imposible.

Redactar un testamento para un cliente es lo que le sigue a complejo. Desde el punto de vista notarial, los requisitos formales impuestos a cargo del fedatario pueden llevar a que, ante el descuido, se produzca una situación delicada: la pérdida de la patente o fíat de notario. “Faltando alguna de las referidas solemnidades, quedará el testamento sin efecto, y el Notario Público será responsable de los daños y perjuicios e incurrirá, además, en la pena de pérdida del oficio”, dispone el artículo 840 del Código Familiar sinaloense.

Desde la perspectiva del contenido del testamento, entender el funcionamiento de las instituciones de heredero y de legatario, las condiciones que se pueden poner y, de especial relevancia, el efecto de las condiciones sobre la eficacia de las disposiciones testamentarias, los tipos diversos de legados, las cargas que son posibles de imponer, y otros temas sensibles como por ejemplo cuando el testador dispone que hereda un bien que ignoraba que ya no existía en su patrimonio o establece una causa como motivo de la designación de heredero (“porque me salvó la vida”) y resulta tras la muerte que tales causas eran erróneas, constituyen una de las tareas más técnicas que los notarios hacemos.

Transmitir en virtud del testamento todo el patrimonio es una maravilla creada por las leyes. Se puede transmitir todo lo que lo compone: bienes muebles, inmuebles, derechos, siempre que no se extingan por causa de la muerte (como acontece con el derecho real del usufructuario, entre otros) y las obligaciones pendientes (deudas) se pagarán hasta donde alcance la masa hereditaria, si sobra algo, eso se transmitirá a los herederos. La herencia se recibe, pues, a beneficio de inventario.

Antes de dictar su testamento, pregúntele todo cuanto se le ocurra y anote las respuestas. Compárelas con otros consejos de los que pueda tener acceso y tome la mejor decisión en cuanto en dónde hacerlo.

“Morir juntos”, el título de esta columna, refiere a una situación que se presenta cuando el autor de la herencia y sus herederos (y/o legatarios) fallecen en un mismo accidente. Conocido doctrinalmente como la “comoriencia”, la Real Academia Española no tiene registrada la palabra. El código la regula y dispone que si no se puede determinar a ciencia cierta quien murió primero, se tendrán todos por muertos (por inverosímil que resulte) al mismo tiempo (presunción “iuris tantum” que admite prueba en contra), por lo que no habrá lugar a sucesión entre ellos.

Mala suerte que se mueran todos en una misma catástrofe. Es posible, e incluso probable, dado que las familias optan por viajar y trasladarse juntas. Tener a todos por muertos al mismo tiempo es una solución a través de una presunción. Claro, el legislador pudiera escoger otra respuesta: presumir que murió primero el de mayor edad y así favorecer la transmisión a hacia las generaciones más jóvenes. Así se reguló en Inglaterra, según el art. 184 de la Law of Property Act de 1925.

¿Y si las personas no murieron en el mismo accidente, y sí el mismo día y hora pero en lugares diferentes? Debe aplicarse, desde luego, la misma regla, pues debe extenderse a toda situación de duda en torno a la supervivencia entre dos personas. ¿Y si muere en otro país, con otras reglas sustantivas? Pues la repuesta se antoja de interesante análisis en materia de reglas de Derecho Internacional Privado.

Una alternativa para solucionar aquel problema, en un testamento, es la institución de herederos y/o legatarios sustitutos o la designación de una persona moral como heredera de la masa hereditaria.

Por último, en el caso de que sólo fallezcan algunos o se pueda determinar con certeza el momento exacto de la muerte (que los avances científicos puedan permitir tener tal precisión) se puede disponer en los testamentos el llamado “derecho de acrecer”, con base en el cual la porción que hubiera correspondido a quien premurió acrece (pasa) a los que siguen vivos. Ello es una reminiscencia del artículo 725 del Código Civil de Napoleón: “para suceder es preciso necesariamente existir en el instante de la apertura de la sucesión”.

 

 

 

 

 

 

 

 

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Un informe sin datos (Noroeste, 4 septiembre 2019)

Un informe sin datos

Dr. Fernando García Sais

Notario 210

www.garciasais.com.mx

El éxito de las administraciones púbicas es lograr compensar las naturales desigualdades entre las personas a través de políticas públicas que, con base en el análisis de los problemas y de sus mejores soluciones, provea de herramientas que potencialicen la operatividad de las instituciones y la capacidad técnica de los funcionarios. Así, el bienestar social se traduce en una responsabilidad del Estado Constitucional (cito al Dr. Diego Valadés, Revista Brasileira de Direito Constitucional, número 19, enero-junio 2012).

La concreción o materialización de los derechos de las personas se logra también en la esfera de los poderes judiciales, primordialmente en el de la Federación. El doctor José Ramón Cossío, ex ministro (sobresaliente) de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo –en una conferencia difundida en el Canal Judicial— “en las sentencias de la Corte, la Justicia de la Unión no sólo ampara y protege, sino que también “prescribe medicamentos””, para aludir precisamente a esta función de concreción de las prestaciones constitucionales. Es decir, a falta de prestación de medicinas, por ejemplo para los tratamientos de los niños con cáncer, el juicio de amparo es una fabulosa herramienta de bienestar.

Hay otros instrumentos, junto a las políticas públicas y a la acción de amparo, que se diseñaron para incrementar el acceso a la justicia y con ello el bienestar. Lo he dicho, no por presunción sino por satisfacción, que participé en el proceso de redacción de la reforma constitucional que en 2010 trajo a México las acciones colectivas. Con sus defectos y tropiezos, estoy seguro que en 100 años (espero que antes), será la herramienta por antonomasia para equilibrar situaciones que surgen desequilibradas, como las que se dan en el mercado y dañan a millones de consumidores que, aisladamente, no lograrían entrar a un juzgado.

Los tribunales se dice que imparten “justicia”. Sin embargo, el concepto debe rellenarse de ingredientes para tener una claridad objetiva de qué es. Es irresponsable pretender no hacerlo. En este terreno, son aplicables de manera complementaria, las aportaciones del Nobel de Economía, Amartya Sen, quien en su “Idea de la Justicia” sostiene que la felicidad es significativa por varios factores, entre ellos por su vínculo con la noción de libertad. Pero debemos agregarle el dato duro del bienestar.

Los órdenes jurídicos y las democracias modernas han evolucionado y tras reconocer las libertades de las personas, dejando atrás la esclavitud y otras formas de sumisión al poder (monárquico, religioso, estatal) avanzaron reconociendo derechos de libertad –expresión, creencias, asociación, trabajo (derechos que se traducen en un dejar hacer, en una limitación del Estado, por eso se conocen como “libertades negativas”.) y junto con ellos los derechos íntimamente ligados de igualdad, implicando actuaciones positivas para los Estados e involucrando complicados ejercicios para lograr satisfacer, materialmente, necesidades de la sociedad.

Es decir, todos son iguales ante la ley en un contexto de libertades. Para tutelarlo, a la sociedad se le garantiza el como la de derecho de acceso a la justicia.

Pero, si no medimos cualitativamente la manera en que los derechos están siendo incorporados en la cotidianidad en la vida de los mexicanos, sólo demagógicamente se puede decir que hay justicia. Si no se mide no se sabe. La agenda actual de México debe concentrarse en propiciar mayor eficiencia del gasto así como una más óptima distribución del ingreso, lo que incrementará las oportunidades, sobre todo de los menos favorecidos económicamente.

En el aspecto presupuestario (ejecución del gasto) el gobierno federal y los Estados y municipios deben expandir y fortalecer los servicios públicos, fundamentalmente los de educación y salud, de tal manera “que fortalezca la integración nacional y se convierta en un instrumento de justicia social.” (Pedro Aspe, El camino mexicano de la transformación económica, México, Fondo de Cultura Económica, 1993.)

El gobernante no debe abstraer su acción pública de los efectos que sus políticas produzcan sobre la calidad de vida de las personas (y sobre el sistema social, económico y jurídico). La justicia, la felicidad, o la frustración de la felicidad, no son una cuestión de fe. Es necesario hacer complejos análisis de revisión de las acciones gubernamentales para poder medir si, por ejemplo, todos los mexicanos tienen acceso al mismo tipo de educación de calidad que la Constitución dice que deben tener.

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Los extranjeros y los inmuebles (Noroeste, 7 oct 2016)

Fernando García Sais

Notario 210 de Sinaloa

Mazatlán.

 

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¿Pueden los extranjeros ser propietarios de inmuebles en México? ¿Hay alguna diferencia entre si el inmueble está en la llamada zona restringida (fronteras y costas) o si lo está fuera de esa zona? ¿Pueden ser ejidatarios? ¿Pueden tener derechos como acreedores hipotecarios sobre bienes inmuebles? ¿Pueden ser titulares de usufructos sobre bienes inmuebles ubicados en las playas? ¿Una persona extranjera casada con un mexicano puede tener derechos sobre un inmueble comprendido dentro de la sociedad conyugal? ¿Una sociedad mercantil mexicana con socios extranjeros puede tener inmuebles en la zona restringida?

Más o menos esas son las dudas preliminares que cualquier extranjero puede tener en relación con inversiones inmobiliarias en México. Evidentemente, salvadas esas preguntas, el tema fiscal es el otro aspecto: que si vende la casa habitación, que si es residente fiscal, que si puede usar la exención dentro de los últimos tres años, que si debe tener RFC y CURP, que si lo recibe por herencia o donación qué efecto tiene, y así sucesivamente.

Aquí les dejo las respuestas, no porque sean verdades absolutas, sino porque es lo que la ley y la jurisprudencia mexicanas disponen.

Conforme a la Constitución, los extranjeros pueden ser dueños de bienes raíces (inmuebles y de cualquier otro derecho real: uso, usufructo, habitación, servidumbre, prenda e hipoteca, e incluso el de superficie) en el territorio nacional y que estén fuera de la zona restringida (100 km en las fronteras y 50 km en las costas), siempre y cuando acuerden con el Estado mexicano en considerarse mexicanos respecto de dichos bienes y renuncia a la protección de sus países (a ese pacto se le conoce como “Cláusula Calvo”, en honor del jurista y diplomático argentino Carlos Calvo).

De acuerdo con la Ley de Inversión Extranjera, en la zona restringida, los extranjeros únicamente pueden adquirir derechos derivados de un fideicomiso (como fideicomisarios-beneficiarios), dado que la propiedad la adquiere el fiduciario (un banco) previa autorización administrativa de la Cancillería.

Cabe apuntar que los extranjeros no pueden adquirir parcelas ejidales ni ningún derecho sobre inmuebles ejidales, dado que la Ley Agraria les prohíbe ser ejidatarios.

Respecto de si pueden tener derechos como acreedores hipotecarios, aunque no hay unanimidad en el foro, me inclino por la idea de que sí pueden dado que la propiedad del bien inmueble objeto de garantía aún no forma parte de su patrimonio, lo que acontecerá una vez que el crédito sea impagado y se ejecute, debiéndose constituir hasta entonces el fideicomiso respectivo, si el inmueble está en la zona restringida.

El usufructo, como derecho real y temporal de disfrutar las cosas ajenas, por definición no transmite el dominio directo, sólo el uso y el disfrute (donde surge la diferencia con el derecho real de propiedad), quedando en el nudo propietario el derecho de disponer (enajenar). Parecería que, atentos a la prohibición constitucional, los extranjeros sí podrían adquirir el usufructo de una casa en la playa, sin embargo “curiosamente” la Ley de Inversión Extranjera (yendo más allá que la Constitución) establece que sólo mediante fideicomiso podrán los extranjeros aprovecharse y utilizar dichos inmuebles.

En el caso de inmuebles afectos a la sociedad conyugal, por disposición de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Tesis: 1a./J. 49/2005), el extranjero deberá suscribir la Cláusula Calvo y, de ser el caso, constituir un fideicomiso hasta que el notario “protocolice el acto mediante el cual el extranjero adquiera el dominio directo de los bienes inmuebles, ya sea por efecto de la liquidación de la sociedad o de la adjudicación por efecto de la herencia, es decir, al tiempo en que el acto traslativo de dominio en lo individual deba perfeccionarse […]”.

El último caso es de las empresas mexicanas con inversión extranjera, quedan sujetas a la discrecionalidad administrativa del Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la Cancillería, para autorizarles adquirir bienes inmuebles para fines no residenciales; esto es, comerciales, para desarrollar el objeto social de la empresa (hotelería, naves industriales, centro comerciales, desarrollos turísticos que no incluyan fines residenciales, marinas, muelles, establecimientos para la producción agropecuaria, silvícola, forestal, etc.).

Los notarios debemos socializar el conocimiento y hacerlo asequible a la comunidad. Espero que, en el futuro cercano, los gremios se sensibilicen y participen más activamente por una cultura en la que se transfiera el conocimiento, sin costos ni barreras.

 

 

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Ontología Profesional (Noroeste, 18 mayo 2019)

Ontología profesional

A mis maestros

Dr. Fernando García Sais

Notario 210

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En mis 20 años de ejercicio profesional como Abogado he tenido la oportunidad de conocer muchos, cientos quizá, de jóvenes, hombres y mujeres, que acuden a solicitar una oportunidad laboral o me piden un consejo académico o profesional. Aproximadamente el 10% de ese total hoy son profesionistas exitosos con familias felices.

Del resto, puedo decir que, lo mismo en el sector gobierno que en el sector privado, la nota característica que marca a esa generalidad es la ausencia de claridad respecto de un propósito en la vida como profesionistas, como empresarios y como miembros de una familia.

Dejando de lado los conocimientos adquiridos durante la carrera que, ciertamente deben ser muchos y sólidos (de lo contrario, la verdadera carrera la que se inicia al graduarse será en profunda desventaja), resulta inquietante la ausencia de planes de vida claros, de propósitos profesionales contundentes, fuera de obtener ingresos, ganar dinero, ser rico.

Con quienes he tenido el honor de dialogar, a manera de tutoría, les he insistido en la importancia de definir y de decidir el para qué de su profesión. Salir de casa contento y regresar satisfecho debe ser la meta. La satisfacción es una bolsa a la que, aparentemente, le caben muchos ingredientes; sin embargo, la verdadera lista es muy reducida.

Ganar el dinero indispensable para ser feliz, realizar tareas que impacten positivamente a los demás, aprender constantemente de los colegas, enfrentar retos y superarlos, contribuir con otros en algo (dele Usted el contenido a “algo”, sea creativo por favor), y por qué no: ser reconocido por los logros alcanzados, constituyen algunos elementos esenciales para regresar a casa plenos a convivir con nuestras parejas e hijos y para desarrollar actividades excitantes, estimulantes e impactantes con ellos.

A la postre, dichos hábitos favorecen la formación de un círculo virtuoso: los hijos reproducen ese modelo o esquema y en el largo plazo se edifican familias más plenas y más felices, con profesionistas que cumplen con una clara función.

Hacer jugosos negocios y cobrar comisiones y honorarios jamás producirá el mismo nivel de satisfacción que la más permanente y estable felicidad que produce una vida plena con los pies en la tierra. Pisar bien la tierra nos hará medir nuestra vida, no en dinero, sino en lo largo de la lista de las personas a quienes se ha ayudado a ser mejores, puesto que el que ayuda tiene una alta autoestima y quiere para los otros lo mismo.

Quienes han estudiado en universidades de alto nivel académico, como en mi caso el ITAM, la UNAM o la Pompeu Fabra, adquieren conocimiento de gente extraordinaria; al egresar el trato cotidiano es con gente ordinaria; sin embargo, no debe perderse la oportunidad de aprender de ellos también.

Perderse en la ruta del dinero sin importar violar la ley o lastimar a alguien es equivalente a quien decide ser infiel en su relación matrimonial. Hacerlo excepcionalmente (“qué tanto es tantito”, se dice) producirá que se convierta en una decisión rutinaria que irradiará efectos a los hijos y a la sociedad. No se buscan santos, se busca gente normal. La gente normal comete infracciones menores no delitos mayores ni aplica la deshonestidad como forma de vida.

Por ello, es fundamental que los jóvenes profesionistas (y empresarios) le dediquen tiempo a reflexionar en torno a qué desean, a su plan de vida, a los porqués y, quizá, con algo de soberbia piensen cómo serán recordados cuando se mueran. En una sociedad con valores cristianos como la nuestra, me parece que el criterio de medición en el más allá, sería sin duda en los términos anotados, no en que tan ricos fuimos.

 

 

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Mazatlán de la ciudadanía (Noroeste, 23 mayo 2019)

Dr. Fernando García Sais

www.garciasais.com.mx

Notario 210

 

Los retos del desarrollo urbano imponen la necesidad de que se elaboren políticas públicas que coadyuven a garantizar el llamado “Derecho a la Ciudad” como una expresión de un deseo colectivo de una urbe más justa, inclusiva y democrática.

Si bien, me parece, no estamos en presencia de un proceso consolidado de “gentrificación”, sino en su caso incipiente (más parecido a la “turistificación”), lo cierto es que el aumento de la demanda de inmuebles para usos, primordialmente, multifamiliares y comerciales, encuentra oferentes de ese tipo de bienes que, con base en la regulación vigente, desarrollan sus actividades empresariales tuteladas por la libertad de empresa que nuestra Constitución postula.

La dinámica del mercado inmobiliario propicia que la administración municipal revise y ajuste la suficiencia de servicios públicos para no inhibir la inversión y para que una vez llevada a cabo y que los consumidores de vivienda adquieren su inmueble encuentren una ciudad que presta servicios de manera asequible.

El tradicional derecho a la vivienda digna con todas sus manifestaciones constitucionales se ve, ahora, transformado o complementado con el derecho a la ciudad. Éste impone una necesidad de actuación colectiva transformadora sobre el espacio urbano común, sobre el ágora (aquel espacio que en la Grecia antigua lo constituía los bienes de uso común).

Desde el punto de vista financiero, nuestro derecho ha ido incorporando herramientas que permiten a los empresarios obtener apalancamiento para satisfacer el crecimiento exponencial de la demanda, particularmente acentuada a partir de la apertura de la carretera Mazatlán-Durango, como puede ser a través de las llamadas SAPI´s o de la economía colaborativa o crowfunding.

Dichos procesos de demanda-oferta, desarrollo inmobiliario, acompañamiento de la inversión pública y utilización racional del medio ambiente viene acompañada de conciliar intereses de sectores de la ciudadanía que, en el caso de la gentrificación, se ven desplazados por una nueva oleada de vecinos con otras capacidades económicas y quizá con otros parámetros socioculturales.

La utilización de las calles, avenidas y parques que han tenido ciertas peculiaridades, comienzan a transformarse como ha pasado en urbes de otras ciudades de América Latina y Europa, donde los hábitos citadinos se dibujan en torno al gusto por caminar las ciudades, la utilización de los camellones y de los parques para la convivencia de amigos, familias o el acompañamiento de mascotas, la presencia de restaurantes locales con cocineros locales, artistas y comercios innovadores que satisfacen también las demandas de esos nuevos nichos de mercado.

En suma, si Mazatlán es de la ciudadanía, más nos vale que diseñemos buenas leyes, inteligentemente pensadas para conciliar los eventuales intereses en conflictos y canalizar las necesidades de demanda de bienes raíces de manera adecuada. No vaya a ser que otros destinos sí sepan hacer la tarea y nosotros veamos como la oportunidad pasó frente a nuestros ojos.

La creación de empleos, el bienestar de las familias y la paz y tranquilidad de las colonias, barrios y fraccionamientos no constituyen elementos que naturalmente deban entrar en conflicto. Los ciudadanos debemos, juntos, construir acuerdos y lograr orden. A las autoridades les toca ser profesionales y tener la altura de miras para acompañar a los ciudadanos.

 

 

 

 

Artículos Periódico Noroeste

¿Responsabilizar al mensajero? (Noroeste, 25 de mayo 2009)

 

A los periodistas valientes y honestos

Dr. Fernando García Sais

Notario 210

www.garciasais.com.mx

@FGarciaSais

 

En un régimen constitucional de derecho como el mexicano, la libre circulación de ideas fortalece a la democracia participativa y permite que los ciudadanos y las personas en general tengan más y mejor información de su entorno político, económico, social, cultural, etc.

 

La libertad de expresión y el derecho a la información comparten esa peculiaridad de interdependencia. Mientras más amplio sea el primero, más sólido será el segundo. Claro, habida cuenta de que hay que cuidar los límites constitucionales del ejercicio de la libertad de expresión.

 

El artículo 6º de la Constitución mexicana regula los alcances y límites del derecho a expresarse y, la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación, lo ha ido delimitando y explicitando.

 

Por cierto, hay un libro coordinado por el doctor José Ramón Cossío Díaz, intitulado “La Libertad de Expresión en las Sentencias de la Suprema Corte de Justicia” (Ed. Tirant Lo Blanch, 2014) que vale la pena leer para documentarse ampliamente. Forma parte de la exitosa colección, de la que formo parte dentro del Comité Editorial, “La práctica del Derecho en México”, que integra más de 30 libros sobre temas relevantes.

 

Volviendo a lo que nos ocupa, la Constitución dispone que “la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público”. Los precedentes de la Suprema Corte han interpretado lo anterior en los siguientes términos, sigo fundamentalmente el de la Tesis: 1a. CCCXXII/2018 (10a.):

 

  1. 1. Un “reportaje neutral” es una manifestación de información que el medio de comunicación realiza y da cuenta “de manera exacta e imparcial de declaraciones o afirmaciones de terceros” cuyo contenido sea de interés público. A pesar de que la información dada por el tercero sea falsa, el medio debe ser eximido de responsabilidad civil.

 

  1. Debe ponderarse que el reportaje pretende informar un hecho noticiable en sí mismo; esto es, el hecho de que un tercero ha realizado una declaración con cierto contenido.

 

  1. El medio de comunicación o periodista se limita a transcribir la declaración noticiable realizada por otro, por lo que no la presenta como propia.

 

  1. Responsabilizar a los periodistas y medios de comunicación por transcribir declaraciones noticiables de terceros sería una limitación injustificada del derecho a la información cuyo recipiendario somos todos los ciudadanos.

 

En efecto, si la Ley de Leyes dice que toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión, debemos fortalecer los derechos de los periodistas y cuidar por que su ejercicio sea seguro y permitirles el acceso a los mecanismos de protección más amplios posibles para que ejerzan su derecho a expresarse.