Artículos Periódico Noroeste

Mazatlán de la ciudadanía (Noroeste, 23 de mayo 2019)

OBITER DICTUM

Dr. Fernando García Sais

23/05/2019 | 04:04 AM

 

Los retos del desarrollo urbano imponen la necesidad de que se elaboren políticas públicas que coadyuven a garantizar el llamado “Derecho a la Ciudad” como una expresión de un deseo colectivo de una urbe más justa, inclusiva y democrática.

Si bien, me parece, no estamos en presencia de un proceso consolidado de “gentrificación”, sino en su caso incipiente (más parecido a la “turistificación”), lo cierto es que el aumento de la demanda de inmuebles para usos, primordialmente, multifamiliares y comerciales, encuentra oferentes de ese tipo de bienes que, con base en la regulación vigente, desarrollan sus actividades empresariales tuteladas por la libertad de empresa que nuestra Constitución postula.

La dinámica del mercado inmobiliario propicia que la administración municipal revise y ajuste la suficiencia de servicios públicos para no inhibir la inversión y para que una vez llevada a cabo y que los consumidores de vivienda adquieren su inmueble encuentren una ciudad que presta servicios de manera asequible.

El tradicional derecho a la vivienda digna con todas sus manifestaciones constitucionales se ve, ahora, transformado o complementado con el derecho a la ciudad. Éste impone una necesidad de actuación colectiva transformadora sobre el espacio urbano común, sobre el ágora (aquel espacio que en la Grecia antigua lo constituía los bienes de uso común).

Desde el punto de vista financiero, nuestro derecho ha ido incorporando herramientas que permiten a los empresarios obtener apalancamiento para satisfacer el crecimiento exponencial de la demanda, particularmente acentuada a partir de la apertura de la carretera Mazatlán-Durango, como puede ser a través de las llamadas SAPI´s o de la economía colaborativa o crowfunding.

Dichos procesos de demanda-oferta, desarrollo inmobiliario, acompañamiento de la inversión pública y utilización racional del medio ambiente viene acompañada de conciliar intereses de sectores de la ciudadanía que, en el caso de la gentrificación, se ven desplazados por una nueva oleada de vecinos con otras capacidades económicas y quizá con otros parámetros socioculturales.

La utilización de las calles, avenidas y parques que han tenido ciertas peculiaridades, comienzan a transformarse como ha pasado en urbes de otras ciudades de América Latina y Europa, donde los hábitos citadinos se dibujan en torno al gusto por caminar las ciudades, la utilización de los camellones y de los parques para la convivencia de amigos, familias o el acompañamiento de mascotas, la presencia de restaurantes locales con cocineros locales, artistas y comercios innovadores que satisfacen también las demandas de esos nuevos nichos de mercado.

En suma, si Mazatlán es de la ciudadanía, más nos vale que diseñemos buenas leyes, inteligentemente pensadas para conciliar los eventuales intereses en conflictos y canalizar las necesidades de demanda de bienes raíces de manera adecuada. No vaya a ser que otros destinos sí sepan hacer la tarea y nosotros veamos como la oportunidad pasó frente a nuestros ojos.

La creación de empleos, el bienestar de las familias y la paz y tranquilidad de las colonias, barrios y fraccionamientos no constituyen elementos que naturalmente deban entrar en conflicto. Los ciudadanos debemos, juntos, construir acuerdos y lograr orden. A las autoridades les toca ser profesionales y tener la altura de miras para acompañar a los ciudadanos.

 

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Artículos Periódico Noroeste

Estacionamientos, ¿mínimos o máximos? (Noroeste, 5 de junio 2019)

link: https://www.noroeste.com.mx/publicaciones/opinion/estacionamientos-minimos-o-maximos-109081

 

Dr. Fernando García Sais

Notario 210

www.garciasais.com.mx

 

Los reglamentos de construcción, cuya facultad legislativa corresponde a los ayuntamientos son ordenamientos jurídicos de aplicación general y de observancia obligatoria dentro del ámbito territorial del municipio en cuestión.

En Mazatlán, el Reglamento de Construcción vigente tiene fecha de 3 de agosto de 2001. Como todo cambio normativo, se prevé un régimen de transición que no está exento a problemas jurídicos derivado de contradicciones fácticas entre los derechos adquiridos, lagunas legales y retroactividad, cuestiones técnicas que deben ser agudamente analizadas en la etapa pre-legislativa y legislativa. De lo contrario, surgen juicios y demandas alegando su inconstitucionalidad.

El esfuerzo que representa la elaboración de un documento normativo es ingente. En la parte considerativa, a manera de exposición de motivos, queda plasmada la ideología del reformador (“modificaciones que se realizan de acuerdo a (sic) las necesidades que se presentan con el devenir del tiempo”), los problemas que pretende solucionar, el rumbo al que busca dirigir la materia de la regulación, las lagunas jurídicas que se han presentado (no dice nada respecto de ambigüedades, vaguedades, contradicciones o tautologías), los esfuerzos de derecho comparado realizados para producir al nuevo cuerpo normativo (si bien se dice que se consultaron leyes de otros municipios, no dice cuáles); las instituciones privadas o públicas que participaron en el proceso pre-legislativo (solamente dice que participaron “organismos institucionales, dependencias oficiales y asociaciones civiles profesionales, relacionadas con la Construcción, el Diseño Arquitectónico, la Ingeniería, la Planeación Urbana, la Ecología y los Asuntos Jurídicos”, sin explicitar cuáles son esas entidades, lo que debió hacerse para conocer su solvencia y estatura profesional).

 

En lo que respecta al tema de los estacionamientos, la regulación está centralizada en el artículo 120 y en las Especificaciones Técnicas del artículo 225 (que es un terrorismo normativo por la inadecuada organización y redacción). La política pública se basa en un requerimiento mínimo de cajones de acuerdo con la tipología de las edificaciones y la magnitud del inmueble en metros cuadrados. Ejemplificativamente, en el inciso A de la fracción I del artículo 120, regula la tipología (unifamiliar, plurifamiliar con elevador y sin elevador, servicios, comercios, etc.) y establece un “número mínimo de cajones”.

 

Así, tratándose de habitación unifamiliar de hasta 120m2, un estacionamiento por vivienda. De 120m2 a 250m2, dos estacionamientos por vivienda; de más de 250m2, tres estacionamientos, como mínimo, insisto “mínimo”. En el caso de departamentos sin elevador de 120m2 a 250m2, dos estacionamientos “por vivienda”; tres estacionamientos “por vivienda” si el departamento es de más de 250m2.

 

¿Son muchos o pocos? Todo dependerá de las necesidades de quien resida en esas viviendas y especialmente a la luz de las políticas públicas de transporte. ¿Es correcto que el Reglamento exija un mínimo de espacios de estacionamiento o, debe por el contrario, exigir un máximo de metros cuadrados destinados para depositar vehículos? Ésta segunda interrogante me parece más interesante y de urgente atención por parte de las autoridades.

 

Estoy convencido de que exigir un número mínimo de cajones de estacionamientos es erróneo y es el enemigo de la preservación del medio ambiente. La regulación transfiere los costos a los ciudadanos, que ven en sus ciudades congestionamientos viales y problemas de salud, así como pérdida de la productividad. La regulación inteligentemente diseñada incentiva a mejores hábitos, no a peores. Desde las finanzas públicas, hacer pagar más a quien quiera más estacionamientos es la mejor regla que produce ingresos suficientes y desincentiva el uso irrestricto del coche.

 

Según el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO) en un estudio sobre el particular, intitulado “El peso de los estacionamientos”, visible en https://imco.org.mx/competitividad/el-peso-de-los-estacionamientos/, se debe transitar hacia la eliminación de un mínimo de cajones para las nuevas construcciones y cambiarlo por un límite máximo, y en caso de que los desarrolladores deseen más cajones, deben aportar recursos al municipio para mitigar los efectos del uso de los coches. El consumidor que quiera un cajón de estacionamiento debe pagar por él un precio mayor y el excedente terminará en el erario para inversión pública que mitigue los efectos del transporte privado.

 

Lo anterior es más que evidente a la luz de las actuales problemáticas urbanas (contaminación, mala calidad del aire, tránsito vehicular congestionable) y tendencias del desarrollo que se preocupan más por la calidad de vida de los ciudadanos (mejorar la salud y la productividad de las personas) que por incentivar el uso de los vehículos motorizados. Complementariamente, la utilización de la propiedad privada debe privilegiar el uso para las personas más que para los coches y el Estado debe destinar recursos para incentivar el uso del transporte público y de medios alternos como la bicicleta.

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¿Responsabilizar al mensajero? (Noroeste, mayo 2019)

link: https://www.noroeste.com.mx/publicaciones/opinion/responsabilizar-al-mensajero-108948

A los periodistas valientes y honestos

Dr. Fernando García Sais

Notario 210

www.garciasais.com.mx

@FGarciaSais

 

En un régimen constitucional de derecho como el mexicano, la libre circulación de ideas fortalece a la democracia participativa y permite que los ciudadanos y las personas en general tengan más y mejor información de su entorno político, económico, social, cultural, etc.

La libertad de expresión y el derecho a la información comparten esa peculiaridad de interdependencia. Mientras más amplio sea el primero, más sólido será el segundo. Claro, habida cuenta de que hay que cuidar los límites constitucionales del ejercicio de la libertad de expresión.

El artículo 6º de la Constitución mexicana regula los alcances y límites del derecho a expresarse y, la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación, lo ha ido delimitando y explicitando.

Por cierto, hay un libro coordinado por el doctor José Ramón Cossío Díaz, intitulado “La Libertad de Expresión en las Sentencias de la Suprema Corte de Justicia” (Ed. Tirant Lo Blanch, 2014) que vale la pena leer para documentarse ampliamente. Forma parte de la exitosa colección, de la que formo parte dentro del Comité Editorial, “La práctica del Derecho en México”, que integra más de 30 libros sobre temas relevantes.

Volviendo a lo que nos ocupa, la Constitución dispone que “la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público”. Los precedentes de la Suprema Corte han interpretado lo anterior en los siguientes términos, sigo fundamentalmente el de la Tesis: 1a. CCCXXII/2018 (10a.):

  1. Un “reportaje neutral” es una manifestación de información que el medio de comunicación realiza y da cuenta “de manera exacta e imparcial de declaraciones o afirmaciones de terceros” cuyo contenido sea de interés público. A pesar de que la información dada por el tercero sea falsa, el medio debe ser eximido de responsabilidad civil.

 

  1. Debe ponderarse que el reportaje pretende informar un hecho noticiable en sí mismo; esto es, el hecho de que un tercero ha realizado una declaración con cierto contenido.

 

  1. El medio de comunicación o periodista se limita a transcribir la declaración noticiable realizada por otro, por lo que no la presenta como propia.

 

  1. Responsabilizar a los periodistas y medios de comunicación por transcribir declaraciones noticiables de terceros sería una limitación injustificada del derecho a la información cuyo recipiendario somos todos los ciudadanos.

 

En efecto, si la Ley de Leyes dice que toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión, debemos fortalecer los derechos de los periodistas y cuidar por que su ejercicio sea seguro y permitirles el acceso a los mecanismos de protección más amplios posibles para que ejerzan su derecho a expresarse.

 

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Edificios ruinosos y visión de Estado (Noroeste, 25 de mayo, 2019)

link: https://www.noroeste.com.mx/publicaciones/opinion/edificios-ruinosos-y-vision-de-estado-109031

Dr. Fernando García Sais

Notario 210

www.garciasais.com.mx

 

Es un principio general del Derecho el que nadie debe dañar a otros. Se complementa con la regla de que el que daña paga. Así, el ordenamiento jurídico dispensa de un seguro general frente a los daños.

En los últimos años, a merced del desarrollo inmobiliario a la mazatleca (en donde todos se pelean entre sí) algunos astutos empresarios –jóvenes en su mayoría— han apostado a la adquisición de inmuebles cuyas construcciones dieron su vida útil. Este proceso debe ser no solo aplaudido sino incentivado por la autoridad que debe acompañar al inversionista para mejorar el entorno urbano minimizando la existencia de potencialidades dañosas como los edificios ruinosos, que además de la contaminación visual y de los posibles daños a los vecinos o transeúntes producen otros trastornos sociales como la vagancia.

La propiedad privada como derecho constitucional amerita toda la protección ya que constituye la primera piedra del desarrollo económico y de la inversión. De ahí la trascendencia de blindarla frente a expropiaciones indebidas, incluso frente al propio Estado. La seguridad jurídica de la propiedad es otro ingrediente que habilita el camino para la llegada de inversión. Nadie invierte en un inmueble si no hay certeza respecto de quién es el propietario y respecto de qué se puede hacer con él. La proliferación de mantas colocadas por particulares no es positiva para recibir a la inversión, es disuasiva.

La regulación no debe ser un campo minado ni debe dar espacio para la corrupción. La vigencia de los planes y programas de desarrollo urbano constituyen una garantía de certeza para la inversión. El proceso de elaboración de dichas normas debe seguir el camino adecuado para evitar su inconstitucionalidad. La autoridad será imputada y deberá asumir el costo si ese proceso sale mal. Los empresarios son refractarios a la incertidumbre y los ciudadanos, en general, a la corrupción.

Para un propietario, en ciertas condiciones y circunstancias –como la edad, la situación de retiro, las condiciones precarias de su economía— invertir en reparar un edificio ruinoso puede ser un mal negocio. No hacerlo puede acarrear consecuencias para terceros, incluyendo la muerte y otros daños patrimoniales relevantes. Si un tercero, experto en el negocio inmobiliario, adquiere el inmueble y lo transforma, los costos sociales disminuyen. La ciudad gana.

El Estado tiene una serie de dependencias con competencia transversal en el tema inmobiliario. La falta de sincronización entre ellas es más que palmaria. Por un lado, por mencionar al Centro Histórico, tenemos al INAH que no ha podido materializar una política pública seria para conservar el patrimonio histórico; propiciando el abandono y ruina de muchos inmuebles. Quienes han logrado rescatar sus fincas son los propietarios con ingentes esfuerzos y en contra de la inercia corrupta.

El Ayuntamiento debería mostrar su autonomía e independencia y no supeditarse al capricho discrecional de funcionarios, colegios, abogados, opinadores públicos (que hoy pululan en las redes sociales) sin talento ni visión. La socialización de los programas de desarrollo urbano es imprescindible, pero la visión de Estado, también.

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Escrituras y algo más: solución de conflictos en las notarías (Noroeste, 6 de mayo 2019)

Fuente web:

https://www.noroeste.com.mx/publicaciones/opinion/escrituras-y-algo-ms-solucin-de-conflictos-en-las-notaras-108748

 

Dr. Fernando García Sais[1]

Notario Público 210 de Sinaloa

http://www.garciasais.com.mx

Resolvamos los problemas que en los juzgados tardan meses, en días o en semanas.

Los notarios, no sólo en Sinaloa, sino en otras entidades federativas e, incluso, en países como España y Francia, además de autenticar o dar fe como rasgo genético esencial, realizan potencialmente otros actos como mediar entre las partes o fungir como árbitros. La mediación y el arbitraje, son medios alternativos de solución de conflictos (MAC´s o ADR´s en Inglés: alternative dispute resolution) que han mostrado gran eficacia y eficiencia en la búsqueda de vías más adecuadas para resolver fricciones entre personas y empresas.

Para cualquier abogado y estudiante del Derecho, dichos conceptos resultan muy familiares. Hace 20 años que pasé por el Departamento de Derecho del ITAM ya se estudiaban y, junto con el Análisis Económico del Derecho, los MAC´s se revelan como una alternativa que reduce tiempos para las partes, alivia la carga de trabajo en los juzgados y resuelve más rápido y eficazmente los problemas entre las partes. Se dice que se trata de una especie de “justicia privada” en la medida que se contratan los servicios de un perito en Derecho y, en ocasiones, los paneles arbitrales incluyen a expertos en los temas concretos de la contienda (piénsese en un incumplimiento de un contrato para la construcción de un aeropuerto).

La función del notario no debe constreñirse pues a hacer escrituras. Eso es parte de la filosofía anacrónica de la actividad. El notariado debe potencializar su actividad y aprovechar el enorme talento de los juristas que lo integran en beneficio de la sociedad. Hacerlo así implicará externalidades positivas incluso para otras personas que no ven distraída la labor de los jueces en asuntos que sí ameriten llegar a los tribunales. Si en algo debemos apoyar a la sociedad es en evitarles conflictos y una vez que surjan apoyarles a encontrar las mejores soluciones.

En el futuro, las próximas generaciones seguramente verán que la ampliación a las tareas del notario son fruto de una evolución constante que aporta y construye al notariado. Hay algunas áreas en las que los MAC´s tendrían un rol crucial a partir de la consideración de que los notarios poseen una sólida preparación jurídica pluridisciplinaria y hoy cuentan con abogados expertos en varias disciplinas. La reputación del notario, su perfil, su trayectoria son unos cuantos elementos que lo configuran como el idóneo para participar proactivamente entre las partes para alcanzar soluciones mutuamente satisfactorias.

Preventivamente, el notario aconseja; posteriormente, ayuda a resolver conflictos. “Notaría abierta, juzgado cerrado” (Joaquín Costa dixit). La mediación y el arbitraje fortalecen al notariado y le dan cuerpo social al gremio, además de que lo redimensiona y lo legitima con la ciudadanía que, en algunos sectores, ven al notario como un extractor de rentas (que no lo es, por los grandes beneficios a la seguridad jurídica y a la paz que tiene el instrumento notarial).

La participación del notario en una mediación se acerca a la negociación asistida: encontrar la verdadera fuente del problema y resolverlo. No se trata de encontrar un culpable, estigmatizarlo o imputarle faltas. Se trata de entender la realidad, los intereses y las necesidades objetivas y razonables y llegar a un acuerdo. Son las partes las que van abriendo los ojos y transitando hacia mejores situaciones y utilizar los recursos de manera más inteligente. Incluso si las partes no llegan a un acuerdo que se pueda plasmar en un instrumento notarial, el proceso de mediación les habrá resultado de utilidad para entender un poco más a cerca de la situación, posibilitando que posteriormente lleguen a un acuerdo.

Tanto en el Derecho Civil, como en el Familiar y en el Mercantil, hay temas susceptibles de someterse a la mediación ante el notario. Contratos de compraventa de inmuebles con o sin créditos con garantía hipotecaria, contratos de arrendamiento, conflictos en condominios, reclamaciones por daños derivados de responsabilidad civil, conflictos entre herederos, conflictos matrimoniales, conflictos entre concubinarios (y en general con todo tipo de parejas), conflictos en la empresa (incluyendo a la familiar), conflictos entre socios y accionistas, entre empresas y consumidores, entre empresas y sus proveedores, por mencionar algunos.

El notariado construye el camino para la seguridad jurídica y para la paz. Con nuestra participación en la solución de fricciones, como las apuntadas, la sociedad recibe mejores servicios notariales.

 

[1] Licenciado en Derecho por el ITAM. Doctor en Derecho por la UNAM. Autor de obra jurídica en materia de Notariado, Consumidores y Derecho Concursal. Coordinador del Notariado en el Colegio de Abogados Egresados del ITAM.

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El Consejo de Notarios de Sinaloa (Noroeste, 26 octubre 2018)

El Consejo de Notarios de Sinaloa

Dr. Fernando García Sais

@FGarciaSais

www.garciasais.com.mx

Notario 210 de Sinaloa

La Ley del Notariado dispone que el Consejo de Notarios tiene como función representar y procurar los legítimos intereses de los notarios. En el mismo rango y nivel, se la adscribe la función de garantizar la defensa de la sociedad, por medio de un servicio notarial que pueda ser calificado de competente, eficaz, digno y responsable.

Todos los notarios sinaloenses, en ejercicio, formamos parte del Consejo. Se trata de una asociación forzosa, viene incluida en la función. Al tratarse de una función pública, no queda duda alguna de que los notarios carecemos del derecho fundamental del artículo 9º de la Constitución, en lo que se refiere a la libertad de asociación respecto de ese órgano que tiene naturaleza de autoridad.

El Consejo, tiene una junta directiva que lo representa, con nueve consejeros propietarios y sus suplentes. Lo integran también cinco vocales, uno por los grupos de municipios que menciona el artículo 177. El quinto vocal representa a los notarios de San Ignacio, Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa, por ejemplo.

La junta directiva, que actúa de manera honorífica (sin remuneración) se renueva cada dos años, por votación mayoritaria, personal, directa y secreta de todos los notarios que integran el Consejo. Entre sus funciones relevantes está el de auxiliar al Ejecutivo en la vigilancia y cumplimiento de la ley notarial; promover reformas a la propia ley; organizar cursos de capacitación; participar en los exámenes de calificación para ser notarios (con una intervención menor desde la reforma de 2010), y recibir quejas y resolver las diferencias entre los prestatarios y los notarios, entre otras.

De las funciones más relevantes, además de las citadas, está la de resolver las consultas que le hicieren las autoridades y vigilar la aplicación del arancel “pudiendo dispensar su aplicación en actuación concreta, previa solicitud fundada de cualquier Notario en ejercicio”.

Me detengo en la antepenúltima. Recientemente revisé un anteproyecto de “Reglamento Municipal de Servicios Inmobiliarios” de Mazatlán. Con independencia de que en su oportunidad se hagan comentarios exhaustivos y puntuales a dicho documento, inquieta que se le asignen funciones al “Colegio de Notarios de Mazatlán, Sinaloa”, cuando el colegio que existe en Mazatlán no se llama así y, superado el lapsus, no es una autoridad ni una entidad de derecho público, como sí lo es el Consejo de Notarios y sus órganos.

No es la única ley municipal o estatal que le da una silla a una asociación civil de notarios, desplazando al Consejo y restándole legitimidad, ya de por sí tan atenuada. Lo correcto es que las leyes reconozcan a los órganos que el propio Estado crea para fortalecer los derechos, en este caso, de los notarios y de la ciudadanía.

¿Quién defenderá mejor a los beneficiarios del servicio notarial, quién entenderá mejor los problemas y temas que requieren asesoría técnica? Ciertamente supongo que el Consejo. También supongo que los redactores de instrumentos como el que señalo desconocen la estructura del notariado sinaloense. Si lo hacen a sabiendas, qué terrible manera de diseñar políticas públicas y de producir cuerpos normativos que se irán a la trituradora.

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Mujeres que aborten a la cárcel: “Congreso de Sinaloa”

Mujeres que aborten a la cárcel: “Congreso de Sinaloa”

Dr. Fernando García Sais

www.garciasais.com.mx

@FGarciaSais

 

Haciendo gala de una profunda ignorancia en materia científica, jurídica y filosófica, el pasado 28 de septiembre de 2018 el Honorable Congreso de Sinaloa aprobó por mayoría de votos una reforma que adiciona el artículo 4º Bis, fracción I, de la Constitución Política de nuestro estado, al establecer literalmente lo siguiente:

“Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. El Estado tutelar el derecho a la vida desde el momento en que un individuo es concebido, el trabajo la protección de la ley correspondiente, hasta su muerte, respetando en todo momento la dignidad de las personas”.

En el ámbito periodístico esta noticia dio la vuelta no solamente Sinaloa por todo el país. El tema recuerda la disputa entre conservadores y progresistas que, con ciertos vaivenes y vicisitudes políticas, han ido logrando avances y retrocesos en lo que se refiere a los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Federal.

Recordemos junto al caso del aborto, el de la eutanasia pasiva (conocida como la ortotanasia o voluntad anticipada) y la eutanasia activa, que ha sido objeto de discusiones parlamentarias no solamente en nuestro país sino en muchos otros países civilizados, así como de sentencias de tribunales constitucionales en Estados Unidos (Roe vs. Wade), la Corte Constitucional colombiana en una sentencia de 10 de mayo de 2006 en la que, por cierto, estableció la “no equivalencia” entre el que está por nacer (con una potencialidad, que siguiendo Aristóteles puede llegar a ser o no ser) y la vida humana de la mujer, siendo ésta la titular de derechos fundamentales (a su cuerpo, sexualidad, reproducción, intimidad, etc.).

La Suprema Corte de Justicia de la Nación también se ha pronunciado sobre el aborto. El caso concreto y específico es el de la reforma a la Constitución de la Ciudad de México y a su Ley de Salud, y a la reforma previa al Código Penal (despenalizando el aborto, abril de 2007) y en la cual la Corte–nuestro constitucional— declaró que dicha posibilidad (la de abortar) constituye un ejercicio de los derechos fundamentales de las mujeres que no puede ser limitado (ni por las constituciones locales ni por las leyes inferiores).

Por ello, cualquier debate serio, ya sea en sede legislativa, jurisdiccional o inclusive en cualquier charla entre amigos, los argumentos en torno al avance en el Estado de Derecho, a los valores de la cientificidad, laicidad, pluralismo democrático y, finalmente, muy importante al estado de la ciencia son imprescindibles.

En lo que se refiere al Estado de Derecho, la Constitución General tras la reforma de 2010 en materia de derechos humanos ha establecido su universalidad y progresividad. Con sustento en esas dos características son inconstitucionales todas aquellas leyes que discriminen a las mujeres criminalizándolas por las mismas conductas que en otro Estado de la República no constituyen un delito. Es el caso del aborto en el que como lo he dicho en la Ciudad de México es constitucional y legal.

Además, en 2010, se adicionó el principio pro homine (pro persona), por lo que debe buscarse la interpretación más favorable a las personas. Por ello la recién aprobada reforma constitucional en Sinaloa pudiera ser atacada a través de los distintos medios de control constitucional, por atentar en contra de dichos principios y valores supremos, por lesionar la igualdad de las mujeres y constituir un ataque sus libertad y salud.

En lo que se refiere a la cientificidad el estado de la ciencia se decanta por permitir el aborto hasta antes de las 12 semanas de la concepción. En virtud del conocimiento científico en materia de desarrollo embrionario y fetal, se ha concluido jurídicamente que el feto no es titular de derechos fundamentales (como lo ha señalado Jorge Carpizo) sino que es un bien jurídicamente tutelado, lo que arrojaría conclusiones jurídicas diferentes.

Tomar decisiones desde el Estado con base en la ciencia implicará necesariamente tomar decisiones respetando el principio de laicidad. Para el servidor público vale todo y sólo lo empírico-racional, dado que ese es el pilar del Estado constitucional y democrático de derecho. No tengo duda alguna de que la creencia de que desde la fecundación, Dios infunde en el cigoto al alma, es toda digna de respeto, sin embargo, jurídicamente no tiene ningún sustento.

Como lo ha sostenido el ilustre jurista sinaloense, doctor Diego Valadés, “lo importante en un Estado constitucional no consiste en imponer ni en proscribir credos, sino en prescribir las más amplias libertades a favor de todos los integrantes de la comunidad estatal”. Como lo ha dicho el filósofo y profesor del ITAM, Dr. Rodolfo Vázquez, “los enunciados de fe, las verdades reveladas, las premisas que no pueden someterse un análisis empírico-racional, no parecen ser los candidatos idóneos, no sólo para una discusión seria sobre el aborto y eutanasia, sino para cualquier razonabilidad posible en las actividades de los tres poderes del Estado […]”.

En sede legislativa, en lo que se refiere pluralismo democrático, siempre es importante recoger consensos a través de juicios demoscópicos que permitan a legislador llevar a cabo adecuaciones normativas incluyentes, tolerantes y que fortalezcan el principio de libertad y pluralidad de pensamiento, so pena de ir perdiendo legitimidad pública.

En vista de lo anterior, es evidente que en lo concerniente a una eventual tensión de derechos entre la mujer y su feto no existe colisión entre ellos: el embrión de hasta 12 semanas no es un individuo biológico ni una persona. El feto no es titular de derechos fundamentales.

Cuestión totalmente diferente es la posibilidad de que el nasciturus sea designado donatario, heredero o legatario, ya que la propia ley dice que ello se actualizará si nace vivo y viable. La constitución cuando se refiere la persona lo hace en relación con el nacido no con el que no existe.

Con la Constitución Federal, las mujeres pueden acudir al juicio de amparo para obligar a las instituciones públicas a que les practiquen el aborto, extendiendo en su beneficio los derechos consagrados para todas, sin discriminación y en igualdad. Ello a pesar de la atroz reforma que comento.

El Estado no debe abandonar a las mujeres ni tomar decisiones que no le competen sino a ellas. El Estado debe utilizar todos sus recursos para salvaguardar los derechos de las mujeres no para minimizarlos ni atentar contra su dignidad.

 

Fuentes consultadas:

Derechos humanos, aborto y eutanasia, visible en https://www.nexos.com.mx/?p=12617

 

 

 

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Comprar sin Notario

Comprar sin Notario

Fernando García Sais

Notario 210 del Estado de Sinaloa

Coordinador Nacional del Notariado del Colegio de Abogados Egresados del ITAM

@FGarciaSais

http://www.garciasais.com.mx

 

La adquisición de bienes raíces (suelo y/o construcciones) es una de las manifestaciones más características de la economía moderna y reposa en el fundamental derecho de propiedad, con base en el cual el Estado reconoce a los particulares la posibilidad de ser dueños y de enajenar, mediante el pago de dinero, sus bienes.

Para que una compraventa de bienes inmuebles sea perfecta (surta efectos plenamente y se garantice que el comprador podrá objetar su título a cualquiera) se requiere, siempre que el valor del inmueble supere las 350 UMAS (aproximadamente $28,000.00 pesos), que se eleve a escritura pública; esto es, debe acudirse ante notario.

No acudir ante notario implica la asunción para el comprador de un buen número de riesgos que, a la postre, conducirán a complejidades que, en el peor de los escenarios, se traducirán en la pérdida del inmueble adquirido y en la no recuperación de las cantidades pagadas. Si le va bien, recuperará la inversión y, probablemente, alguna cantidad por concepto de perjuicios.

Los notarios participamos activamente como agentes económicos (en el mercado de la fe pública) participamos activamente en la escrituración de inmuebles. Un contrato privado de compraventa, en honor a la buena fe, implica que la transmisión de la propiedad aconteció desde la fecha en que se alcanzó el acuerdo entre las partes. Luego, entonces, el vendedor ya no podría volver a vender el mismo inmueble, so pena de incurrir en algún delito y, desde luego, en responsabilidad civil frente a su primigenio comprador.

La situación se complica enormemente si con posterioridad a la venta privada (sin escritura) el vendedor logra una segunda venta del mismo inmueble. Esta sí en escritura pública. El nuevo comprador desconoce que su vendedor ya la había vendido (es un tercero de buena fe) y con buen juicio la inscribe en el Registro Público de la Propiedad. La transacción sería perfecta. Se habría lesionado, sin embargo, al primer adquirente, quien tendrá que iniciar acciones legales para recuperar lo pagado.

Su situación no mejorará si ese contrato privado de compraventa fue certificado o ratificado ante notario. En Sinaloa los notarios tenemos prohibido hacerlo. En todo caso, cuando un notario hace un cotejo de un documento y lo certifica, lo único que ello significa es que el notario determina que la copia es fiel de la original, no prejuzga respecto de la autenticidad ni de la validez del acto que se contiene en ese contrato.

De manera similar, cuando ante notario se reconocen como propias las firmas puestas en algún documento, dicho contrato no se convierte en una escritura pública ni, por lo mismo, se subsana el vicio de la falta de forma que el contrato de compraventa sobre inmuebles debió haber revestido.

La jurisprudencia ha expresado en una serie de tesis aisladas y jurisprudenciales algunos criterios importantes que tienen que ver con lo anterior. Desde 2010 en Sinaloa, los notarios debemos abstenernos de certificar y de ratificar contratos privados de compraventa sobre inmuebles. Sin embargo, la ley no obliga a los notarios a llevar un libro de cotejos (el llamado “protocolito” de la Ciudad de México), lo que puede prestarse a ejercicios indebidos que se traduzcan en problemas que trasciendan a los tribunales.

Tener un contrato privado debe convocar a demandar la acción pro forma para que un juez ordene al vendedor elevarlo a escritura pública (ante notario). La validez del contrato privado está en vilo, mientras no tenga en su poder un testimonio notarial. La mejor manera de corregir estas desviaciones es dejando de firmar contratos privados cuando la ley impone la necesidad de una escritura pública. Evítese problemas y acuda con su notario de confianza.

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Jubilación y relevo notarial (Noroeste, julio 2017)

Fernando García Sais

Notario 210  de Sinaloa

La prestación del servicio notarial es de orden e interés público. En todas las leyes locales del notariado que están vigentes en México (recordemos que la facultad para legislar en la materia está reservada a los Estados) se establece un mínimo de edad para poder acceder al notariado, pero no para salir, para dejar la función, para favorecer el relevo generacional. Hablar de la jubilación forzosa del notario es una necesidad.

En Sinaloa, el artículo 24 de la Ley del Notariado sitúa el límite inferior de edad para acceder al notariado, en los 30 años. Considerando que, de manera general, los estudiantes terminan la licenciatura a los 22-23 años, la edad de 30 años parece adecuada para iniciar, después de haber acumulado años de estudio y práctica profesional en distintos ámbitos del Derecho.

Un jurista a los 30 años ya pudo haber terminado un doctorado o haberse desempeñado exitosamente en diversas áreas de los sectores público y/o privado, con un cúmulo de conocimientos que le serán de utilidad para prestar un buen y eficiente servicio notarial.

A primera vista ello es encomiable. No obstante, la LN tiene importantes barreras de entrada que entorpece que el ingreso al notariado suceda como lo he descrito. Se necesita tener residencia efectiva de 10 años en Sinaloa (inmediatos anteriores a la convocatoria) y haber realizado prácticas con un notario de la localidad. Estos dos candados importan serias limitantes para los licenciados en derecho y favorece que las notarías se transmitan de padres a hijos, excluyendo a otros candidatos que, en teoría, pudieran competir en igualdad de circunstancias. Este tema debe también analizarse por los hacedores de leyes y de políticas públicas.

El aspirante a notario no sólo debe esperar tener 30 años, sino que debe ser paciente y cuando el ejecutivo estatal disponga publicar una convocatoria a examen, presentarse. Ello implica que para ajustarse a la irracional regla, debe sacrificar posibilidades de estudio y/o profesionales fuera del pueblo. No me parece que dicho canon produzca los resultados más deseables. ¿A usted?

La falta de reglas eficientes respecto de la carrera notarial es costosa para la sociedad y perjudicial para esa clase “tan desprotegida” que son los aspirantes a notarios. La mayoría no llega a la meta. Y dedican su vida a la(s) notaría(s). Paralelamente, no hay una seria formación de talento en las notarías: se privilegia la contratación de amanuenses (a quienes se les paga poco y dan un mal servicio), produciéndose el fenómeno de la extracción de los frutos del trabajo: notarios ricos y empleados pobres. La sucesión notarial por ADN importa más que el servicio prestado y que la garantía del servicio a futuro.

En Sinaloa, por citar un caso, en 2010 se asignaron notarías después de casi 15 años de espera. Dejar pasar tanto tiempo, no produce los mejores resultados. La continuidad y el dinamismo de la función, se lastima. La incertidumbre dificulta el adecuado desarrollo de la carrera notarial y desincentiva que nuevos profesionales del derecho se preparen y busquen competir por acceder a la función.

En otra ocasión abordaré el tema de otras barreras de entrada y los desincentivos generales que hacen que el notariado no tenga a los mejores abogados interesados en formar parte de sus filas. Lo que queda claro es que los notarios deberían jubilarse a cierta edad para permitir que las nuevas generaciones vayan supliendo las funciones que, naturalmente, ya no pueden realizar.

¿Debería el Estado garantizar una pensión al notario jubilado? Ese es otro tema relevante y merece voltear a ver lo que hacen otros países. En lo relativo a la edad de jubilación, en España, desde 1983 con la “Ley 29/1983, de 12 de diciembre, sobre jubilación de Notarios, Agentes de Cambio y Bolsa y Corredores colegiados de Comercio” los notarios se jubilan forzosamente a los 70 años, pudiendo hacerlo antes de manera voluntaria. La jubilación se complementa con un fondo de jubilación creado por una mutualidad.

En Uruguay, existe la “Caja Notarial de Seguridad Social”, que comprende no sólo a los notarios sino a quienes trabajan con ellos, un tema sin duda de urgente revisión en México, por la desprotección de los colaboradores de las notarías. La regulación es de 2001(Ley Nº 17.437), y prevé una edad de jubilación de 60 años y un mínimo de 35 años de servicio notarial. En la provincia de Córdoba, Argentina.

El 10 de octubre de 1995 se publicó la Ley 8427 y establece el cómo se financia la Caja Notarial de Jubilaciones, que me parece un maravilloso ejemplo de lo que pudiéramos hacer en México. Los notarios aportan el 1% de sus honorarios, si tienen una antigüedad menor a 5 años, y un 2% de ahí en adelante. Los usuarios de las notarías aportan 3% de los honorarios por pagar; el Estado aporta el 3% de los impuestos por traslados de dominio –lo que pudiéramos ampliar a los derechos registrales y al ISR enterado a la Federación, mediante un convenio entre el Estado y la Secretaría de Hacienda Federal—.

Determinar una edad de retiro puede ser caprichoso. Es, empero, un paso necesario para que la función notarial mejore. El Estado debería estar atento y proveer de mecanismos financieros que garanticen un mínimo vital para los notarios que se retiren. Con ello, el mecanismo de relevo generacional puede mejorar.

Artículos Periódico Noroeste

Condominio y desarrollo inmobiliario, Segunda Parte (Noroeste,7 julio 2017)

Fernando García Sais

Notario 210 del Estado de Sinaloa

@FGarciaSais

www.garciasais.com.mx

 

La Ley sobre el Régimen de Propiedad en Condominio fue adicionada en 1992 para incorporar un capítulo con 8 artículos que regulan a los condominios integrales o turísticos.

Si Usted dedica una media hora a su lectura, encontrará que es una ley sencillísima. Se trata de una ley de naturaleza administrativa, pura y dura. Con muchos esfuerzos encontramos algunos, pero trascendentes, derechos sustantivos. Tristemente la ausencia está por la inexistencia de remedios procesales para los condóminos. Por último, desde el punto de vista de la sintaxis y semántica tiene amplias áreas de oportunidad.

El acelerado crecimiento de las ciudades y el complejo desarrollo urbano, junto con la diversidad demográfica, en las que conviven personas de distintas nacionalidades, culturas, edades, orígenes sociales, son algunos de los factores que ameritan, con cierto grado de urgencia, la revisión de la ley del condominio y su eventual modificación y ajuste, sobre todo si partimos de la idea de que la copropiedad, como lo señalé en la entrega anterior, es fuente de diversos inconvenientes y, ciertamente, también de satisfacciones.

 

Quienes trabajamos cotidianamente con dicha ley observamos su insuficiencia. Los derechos de los consumidores adquirentes de viviendas o de los compradores de locales comerciales pueden no estar siendo protegidos de la manera más adecuada y amplia posible.

La posición del empresario tampoco es la más cómoda: pesan sobre él obligaciones intransferibles que, ante su incumplimiento, pueden sufrir demandas o gastos desproporcionados, considerando además que no existen medios alternos de solución de controversias previstos en la ley.

Los conflictos que potencialmente se pueden suscitar junto con los que ya actualmente se presentan ameritan una revisión de los costos y beneficios de la actual ley con la idea de valorar la pertinencia de crear un nuevo marco jurídico que, no sólo dé cauce a las inversiones, sino que con una visión social de la propiedad haga de la convivencia de las personas un espacio más para el desarrollo de las familias y el adecuado esparcimiento de los hijos. En los condominios mixtos, con fines residenciales y comerciales, la atención del legislador debe ser cuidadosa y cautelosa a efecto de ponderar adecuadamente las externalidades (principalmente, las negativas),

Un tema que dejo señalado por su transcendencia es el de la consolidación de una cultura condominal: la ley debe propiciar acciones y actitudes que permitan una sana convivencia, el respeto, la tolerancia, la responsabilidad, el cumplimiento, la corresponsabilidad, la participación y la solidaridad, entre otros valores. Asimismo, no debemos dejar de lado la útil y conveniente participación del Estado para tareas de orientación y capacitación, incluyendo a la administración de los condominios, que muchas veces están en manos de empresarios que no tienen experiencia ni conocimientos en el tema.

Como en otras ocasiones lo hecho, en este espacio convoco a los actores políticos para que “antes de que explote la bomba” le dediquen algo de tiempo, al de sus ocupadas agendas, para revisar las leyes vigentes y hacer los ajustes necesarios para que acompañen a los ciudadanos y a los inversionistas, y Sinaloa crezca y se desarrolle en un clima competitivo y, sobre todo, con bienestar social.