¿Sigues gastando en publicar convocatorias para asambleas? ¡Cambia de asesor!

Cualquier empresario, socio o accionista de una sociedad mercantil, debió haber sido informado por su asesor corporativo que con las reformas a la Ley General de Sociedades Mercantiles (13 de junio de 2014), se modificó la forma en que deben realizarse las publicaciones de ese tipo de personas morales.

Derivado de lo anterior, está en plena operación y funcionamiento el sistema electrónico a cargo de la Secretaría de Economía, en el que deben “subirse” todas las publicaciones que deban realizarse conforme a las leyes mercantiles.

Además de la disminución considerable de costos derivados de las publicaciones en periódicos oficiales o privados así como de la disminución de posibles contingencias jurídicas por no estar, alguno de los socios o accionistas, enterados de dichas comunicaciones corporativas, el nuevo portal disponible en psm.economia.gob.mx; garantiza la publicidad de los actos jurídicos mercantiles que así lo ameriten.

 

capture

En el sistema de Publicaciones de Sociedades Mercantiles de la Secretaría de Economía se podrán realizar las siguientes publicaciones:

  1. Convocatoria de Asamblea General Constitutiva (Artículo 99 de la Ley General de Sociedades Mercantiles);
  2. Convocatoria para Asambleas Generales (Artículo 186 de la Ley General de Sociedades Mercantiles);
  3. Convocatoria de Asamblea de tenedores de certificados de participación (Artículo 228 s de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito);
  4. Convocatoria de Asamblea por orden de autoridad (Artículos 168, 184 y 185 de la Ley General de Sociedades Mercantiles);
  5. Acuerdo de Asamblea sobre aumento de capital social (Artículo 132 de la Ley General de Sociedades Mercantiles);
  6. Balance General de la negociación de sociedades extranjeras (Artículo 251 de la Ley General de Sociedades Mercantiles);
  7. Balance de las sociedades que emiten obligaciones (Artículo 212 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito);
  8. Estados financieros, notas y dictamen de los comisarios (Artículo 177 de la Ley General de Sociedades Mercantiles);
  9. Reducción del capital social (Artículo 9 de la Ley General de Sociedades Mercantiles);
  10. Acuerdos sobre fusión, último balance de cada sociedad, sistema establecido para la extinción de su pasivo (Artículo 223 de la Ley General de Sociedades Mercantiles);
  11. Resolución de escisión (Artículo 228 bis, fracción V de la Ley General de Sociedades Mercantiles);
  12. Acuerdo de transformación (Artículo 228 de la Ley General de Sociedades Mercantiles);
  13. Decreto de exhibición cuyo plazo o monto no conste en las acciones (Artículo 119 de la Ley General de Sociedades Mercantiles);
  14. Acuerdo sobre distribución parcial (liquidación) (Artículo 243 de la Ley General de Sociedades Mercantiles);
  15. Balance (liquidación) (Artículo 247 de la Ley General de Sociedades Mercantiles);
  16. Resultado del sorteo para designar acciones amortizadas (Artículo 136 de la Ley General de Sociedades Mercantiles);
  17. Resultados del sorteo para designar acciones amortizadas,
  18. Publicación de acuerdos sobre distribución parcial en liquidaciones.

Si los estatutos de su empresa contienen la necesidad de hacer otro tipo de publicaciones y se constituyó después de la entrada en vigor de la reforma mencionada, debe respetar lo que señala la ley y acudir con su notario para reformar los estatutos y evitar cualquier incumplimiento.

Si la empresa se constituyó antes de la entrada en vigor de la reforma, las publicaciones las debe hacer conforme a los estatutos y conforme a la reforma, es decir, tanto de la manera tradicional como electrónica. Le sugiero reformar sus estatutos para uniformarlos con las nuevas prácticas corporativas.

Anuncios

¿Deben los notarios públicos retirarse a cierta edad?

La prestación del servicio notarial es de orden público e interés social. En todas las leyes locales del notariado que están vigentes en México (recordemos que la facultad para legislar en la materia está reservada a los Estados) se establece un mínimo de edad para poder acceder al notariado.

En Sinaloa, el artículo 24 de la LN pone el límite inferior de edad en los 30 años. Considerando que, de manera general, los estudiantes terminan la licenciatura a los 22-23 años, los 30 años parece una buena edad para iniciar, después de haber acumulado práctica profesional como abogado en distintos ámbitos. Un abogado a los 30 años ya pudo haber terminado un doctorado.

Lamentablemente, el aspirante a notario no sólo debe esperar tener 30 años, sino que debe ser paciente y cuando el ejecutivo estatal disponga publicar una convocatoria a examen, presentarse. Ello puede acontecer cuando al ejecutivo le plazca, en función de una discrecionalidad permitida por el marco jurídico.

Aquí surge otra limitante. Si el abogado no reside en la entidad federativa donde desea ejercer el notariado, ya que estudia en otra, como acontece regularmente en México, debe mudar de residencia para poder aspirar al notariado. No sé hasta que punto eso sea constitucional, pero me parece que puede cuestionarse. Sobre todo en un país en el que las mejores universidades no están en provincia, sino en la Ciudad de México o en ciudades grandes como Guadalajara, Monterrey, por citar algunas. Este tema lo dejo solamente apuntado, para futuras reflexiones.

Algunos de los elementos objetivos para el ingreso de nuevos notarios, es que aumente el número de la población; el de las actividades económicas y, por ende, registrales. Otro, que los notarios se retiren, voluntariamente, se les cancele su autorización o fallezcan.

En en entorno marcado por dicha discrecionalidad, me parece que sería conveniente buscar reformas a la LN que permitan abrir la puerta de acceso al notariado de tal manera que los abogados más talentosos que deseen incorporarse a la función social lo puedan hacer, no obstante no pertenecer a “familia de notario” o a otros grupos de interés.

Quienes hemos accedido al notariado con base en méritos académicos y profesionales, sabemos lo complejo del proceso, en un entorno de barreras de entrada creadas por la protección del status quo.

Paralelamente, para permitir el acceso al notariado a nuevos talentos, la LN debería jubilar automáticamente a los notarios que cumplan determinados años de edad. Sería cuestión de analizar, en el entorno del derecho comparado, nacional e internacional, cuál es la mejor práctica.

Escoger una edad de retiro puede ser caprichoso. Tenemos una predilección por los números cerrados. Alguien diría que a los 70, otros que a los 80. Es difícil ponernos de acuerdo.

Dejo, no obstante, señalado el tema para futuras reflexiones por parte de Ustedes, estimados lectores y, particularmente, de los abogados futuros notarios quienes deben estar muy interesados en este tema.

Fernando García Sais