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Notarios y competencia económica, la COFECE se pronuncia

Notarios y competencia económica

Fernando García Sais

www.garciasais.com.mx

@FGarciaSais

En un asunto judicial muy relevante, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció (año 2002) que los notarios de la Ciudad de México no eran agentes económicos, para efectos de la abrogada (en 2014) Ley Federal de Competencia Económica. Pudiera pensarse que, a consecuencia de dicha pérdida de vigencia, también algunos de los precedentes judiciales dejarían de tener fuerza. Esto que se dice fácil, no lo es tanto: requiere un gran esfuerzo analítico.

La sentencia de la Corte puso en evidencia que, en ese entonces, los ministros desconocían profundamente cómo funciona la economía y cómo y para qué está regulada la libre competencia en la Constitución. La prohibición de monopolios y de prácticas monopólicas no es retórica, es el pilar del funcionamiento de los mercados para generar mejores bienes y servicios y a mejores precios que si no hubiera libre mercado. Es, incluso, un derecho prestacional.

Con una perspectiva decimonónica, un notario público parecería que poco o nada tiene que ver (directamente) en lo que concierne a la producción y comercialización de bienes y servicios que son puestos en circulación en el mercado para que los consumidores los adquieran. No son empresarios, son notarios. No realizan actos de comercio, no son comerciantes, son fedatarios públicos. No buscan el lucro mercantil, sino la seguridad jurídica.

Así con dicho criterio obtuso, durante años (15 años tras el precedente citado) se ha afianzado la idea de que el notario no es agente económico. Con la nueva ley federal en la materia, parecería que, de presentarse nuevamente un caso en tribunales, el criterio pudiera dar un giro radical. El artículo 3.I dispone que es agente cualquiera que en cualquier forma participe en la actividad económica, con independencia de si lo hace o no con fines de lucro. Con ello, claro está que los notarios son agentes económicos y sus prácticas deberían analizarse bajo el tamiz de la ley antimonopolios.

Al menos desde la óptica de la Comisión Federal de Competencia, órgano constitucional autónomo que sustituyó al anterior (que era un organismo desconcentrado dependiente de la Secretaría de Economía) los notarios, hoy, sí son objeto de su atención. Esperemos que de sus políticas y acciones.

El pasado 23 de octubre de 2017 en el marco del “Premio para identificar el obstáculo regulatorio más absurdo para competir y emprender”, consultable en https://www.cofece.mx/cofece/index.php/prensa/historico-de-noticias/leyes-estatales-de-notarios-ganadoras-del-premio-para-identificar-el-obstaculo-regulatorio-mas-absurdo-para-competir-y-emprender se llegó a conclusiones que ameritan nuevas reflexiones en el tema.

Medularmente, y le pido al lector que profundice, la autoridad tras reconocer la importante labor que realizan los notarios, estimó que existen “limitantes artificiales al número de oferentes de estos servicios” y “restricciones a la competencia entre ellos”, lo que perjudica al ciudadano y se traduce en precios más altos dada la escasez artificial de notarios, incertidumbre jurídica (al haber menos uso de servicios notariales por los altos costos) y baja calidad de los servicios (dada la discrecionalidad en la asignación de notarías).

La COFECE aprovechó la inercia para hacer recomendaciones a los congresos de las entidades federativas para impulsar reformas que se traduzcan en eliminar las barreras regulatorias así como para que a nivel federal se fomente la competencia y rivalidad con los corredores púbicos en materia mercantil.

La atención de la autoridad antimonopolios en el servicio de la fe pública es crucial para el bienestar de los mexicanos. Seguramente será el inicio de pasos más grandes y profundos para mitigar prácticas que pudieran calificar como monopólicas relacionadas con sectores importantes como la vivienda para consumidores, el mercado hipotecario y, sin duda, el derribo de barreras de entrada que privilegian el nombramiento no de los mejores, lo que propicia prácticas que afectan la seguridad jurídica y el patrimonio de los mexicanos.

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LOS MÁS POBRES

Fernando García Sais

@FGarciaSais

Notario 210 del Estado de Sinaloa

www.garciasais.com.mx

La pobreza es consecuencia de la desigualdad social. Al mismo tiempo es causa de la pobreza. Es un círculo vicioso. La pobreza no desaparecerá nunca. No hay política pública que lo pueda lograr. La meta, no obstante, es mitigar las profundas desigualdades. La gran brecha, entre ricos y pobres, sí es posible disminuirse.

Los más pobres tienen, en general, menos información. La información que disponen es de mala calidad. Entre los más pobres la información de mala calidad circula y se reproduce. La causa de ello es el bajo nivel educativo, otra consecuencia de la pobreza. A pesar de que la Constitución ordena que la educación sea de calidad, en los hechos no sucede. No al menos para todos. Los más pobres tienen la peor educación. Educación de caridad, pues.

Los servicios de salud a los que los más pobres tienen acceso son prestados por el Estado en condiciones deficitarias. El Estado no puede satisfacer, con los recursos escasos o mal administrados, todas las necesidades sanitarias. Los más pobres acuden, residualmente, a servicios médicos privados. Como entre los más pobres circula mala información, sus prácticas cotidianas no son la mejores (consumo de tabaco, por ejemplo) y acuden a servicios médicos (como los que hay en farmacias) que pueden no ser los mejores.

Los más pobres nacen, además de pobres, enfermos. El medio ambiente más próximo también lo está. Las enfermedades están presentes desde el nacimiento, incluso desde el embarazo. La ausencia de salud marca y condiciona la productividad y bienestar futuros. La enfermedad conduce a una mala educación. Si no hay salud no hay bienestar y las posibilidades de éxito son mucho menores.

Entre los más pobres los problemas jurídicos abundan. El Estado paternalista (hoy en claro abandono) ideó instituciones que los protegen ante los abusos de los más fuertes. Esas instituciones muchas veces tampoco funcionan adecuadamente ni los servicios que prestan son de calidad. El servicio público de administración de justicia, que reposa sobre la privación de la posibilidad de hacerse justicia por sí mismo, es obsoleto. No es fácil acceder a los tribunales. Las defensorías públicas no son comparables a la calidad de los buenos abogados, que los más fuertes contratan.

Los más pobres destinan gran parte de sus escasos recursos a adquirir bienes y servicios que, en otras condiciones, serían de mejor calidad y a mejores precios. Su consumo tiende a ser de menor calidad, por ende, produce menor bienestar. Los más pobres son más fácil víctimas de publicidad engañosa. Los más pobres adquieren créditos para satisfactores básicos con las tasas de intereses más altas. Compran caro, satisfactores baratos que tienen que reemplazarse, relativamente, pronto.

La Constitución también dice que los mexicanos tenemos derecho a un mercado eficiente, pero el mercado funciona mal para los más pobres. Las prácticas anticompetitivas trasladan las utilidades a los monopolistas, afectando a los consumidores finales, quienes adquieren productos caros y de mala calidad. Si las empresas no compiten ni rivalizan con sus competidores por ganarse a los consumidores con mejores prácticas se desperdicia valor, se derrocha eficiencia. Ahí, todo el país sale perdiendo.

El Estado requiere de dinero para garantizar los derechos que la Constitución reconoce y otorga. El Estado tiene diversas fuentes de ingresos, entre ellas a los impuestos. Un buen sistema recaudatorio y una política fiscal que tenga como pilar recaudar no sólo eficiente y efectivamente, sino más de quien más puede, es esencial. Los impuestos progresivos al gravar más a los ricos, distribuyen el pastel. Así pudiéramos tener una sociedad más homogénea, más conveniente para todos.

Para que los más pobres tengan mejor educación, salud, eviten ser víctimas de prácticas engañosas y abusivas en el mercado, un giro en la disciplina fiscal y presupuestaria es indispensable. Recaudar más y gastar mejor. Pero, además, cobrar más impuestos a quien más ingresos tiene.

El país debe orientar sus políticas públicas para que ser pobre sea una elección y no una condición. Que quien desee escapar de la pobreza lo logre estudiando, preparándose, siendo útil a la sociedad y produciendo para que el mercado sea más competitivo. El talento de nuestros niños y jóvenes es el capital más valioso que un país puede tener. Si lo desaprovechamos, seguiremos siendo los más pobres.

 

 

 

 

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¿Sigues gastando en publicar convocatorias para asambleas? ¡Cambia de asesor!

Cualquier empresario, socio o accionista de una sociedad mercantil, debió haber sido informado por su asesor corporativo que con las reformas a la Ley General de Sociedades Mercantiles (13 de junio de 2014), se modificó la forma en que deben realizarse las publicaciones de ese tipo de personas morales.

Derivado de lo anterior, está en plena operación y funcionamiento el sistema electrónico a cargo de la Secretaría de Economía, en el que deben “subirse” todas las publicaciones que deban realizarse conforme a las leyes mercantiles.

Además de la disminución considerable de costos derivados de las publicaciones en periódicos oficiales o privados así como de la disminución de posibles contingencias jurídicas por no estar, alguno de los socios o accionistas, enterados de dichas comunicaciones corporativas, el nuevo portal disponible en psm.economia.gob.mx; garantiza la publicidad de los actos jurídicos mercantiles que así lo ameriten.

 

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En el sistema de Publicaciones de Sociedades Mercantiles de la Secretaría de Economía se podrán realizar las siguientes publicaciones:

  1. Convocatoria de Asamblea General Constitutiva (Artículo 99 de la Ley General de Sociedades Mercantiles);
  2. Convocatoria para Asambleas Generales (Artículo 186 de la Ley General de Sociedades Mercantiles);
  3. Convocatoria de Asamblea de tenedores de certificados de participación (Artículo 228 s de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito);
  4. Convocatoria de Asamblea por orden de autoridad (Artículos 168, 184 y 185 de la Ley General de Sociedades Mercantiles);
  5. Acuerdo de Asamblea sobre aumento de capital social (Artículo 132 de la Ley General de Sociedades Mercantiles);
  6. Balance General de la negociación de sociedades extranjeras (Artículo 251 de la Ley General de Sociedades Mercantiles);
  7. Balance de las sociedades que emiten obligaciones (Artículo 212 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito);
  8. Estados financieros, notas y dictamen de los comisarios (Artículo 177 de la Ley General de Sociedades Mercantiles);
  9. Reducción del capital social (Artículo 9 de la Ley General de Sociedades Mercantiles);
  10. Acuerdos sobre fusión, último balance de cada sociedad, sistema establecido para la extinción de su pasivo (Artículo 223 de la Ley General de Sociedades Mercantiles);
  11. Resolución de escisión (Artículo 228 bis, fracción V de la Ley General de Sociedades Mercantiles);
  12. Acuerdo de transformación (Artículo 228 de la Ley General de Sociedades Mercantiles);
  13. Decreto de exhibición cuyo plazo o monto no conste en las acciones (Artículo 119 de la Ley General de Sociedades Mercantiles);
  14. Acuerdo sobre distribución parcial (liquidación) (Artículo 243 de la Ley General de Sociedades Mercantiles);
  15. Balance (liquidación) (Artículo 247 de la Ley General de Sociedades Mercantiles);
  16. Resultado del sorteo para designar acciones amortizadas (Artículo 136 de la Ley General de Sociedades Mercantiles);
  17. Resultados del sorteo para designar acciones amortizadas,
  18. Publicación de acuerdos sobre distribución parcial en liquidaciones.

Si los estatutos de su empresa contienen la necesidad de hacer otro tipo de publicaciones y se constituyó después de la entrada en vigor de la reforma mencionada, debe respetar lo que señala la ley y acudir con su notario para reformar los estatutos y evitar cualquier incumplimiento.

Si la empresa se constituyó antes de la entrada en vigor de la reforma, las publicaciones las debe hacer conforme a los estatutos y conforme a la reforma, es decir, tanto de la manera tradicional como electrónica. Le sugiero reformar sus estatutos para uniformarlos con las nuevas prácticas corporativas.

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¿Deben los notarios públicos retirarse a cierta edad?

La prestación del servicio notarial es de orden público e interés social. En todas las leyes locales del notariado que están vigentes en México (recordemos que la facultad para legislar en la materia está reservada a los Estados) se establece un mínimo de edad para poder acceder al notariado.

En Sinaloa, el artículo 24 de la LN pone el límite inferior de edad en los 30 años. Considerando que, de manera general, los estudiantes terminan la licenciatura a los 22-23 años, los 30 años parece una buena edad para iniciar, después de haber acumulado práctica profesional como abogado en distintos ámbitos. Un abogado a los 30 años ya pudo haber terminado un doctorado.

Lamentablemente, el aspirante a notario no sólo debe esperar tener 30 años, sino que debe ser paciente y cuando el ejecutivo estatal disponga publicar una convocatoria a examen, presentarse. Ello puede acontecer cuando al ejecutivo le plazca, en función de una discrecionalidad permitida por el marco jurídico.

Aquí surge otra limitante. Si el abogado no reside en la entidad federativa donde desea ejercer el notariado, ya que estudia en otra, como acontece regularmente en México, debe mudar de residencia para poder aspirar al notariado. No sé hasta que punto eso sea constitucional, pero me parece que puede cuestionarse. Sobre todo en un país en el que las mejores universidades no están en provincia, sino en la Ciudad de México o en ciudades grandes como Guadalajara, Monterrey, por citar algunas. Este tema lo dejo solamente apuntado, para futuras reflexiones.

Algunos de los elementos objetivos para el ingreso de nuevos notarios, es que aumente el número de la población; el de las actividades económicas y, por ende, registrales. Otro, que los notarios se retiren, voluntariamente, se les cancele su autorización o fallezcan.

En en entorno marcado por dicha discrecionalidad, me parece que sería conveniente buscar reformas a la LN que permitan abrir la puerta de acceso al notariado de tal manera que los abogados más talentosos que deseen incorporarse a la función social lo puedan hacer, no obstante no pertenecer a “familia de notario” o a otros grupos de interés.

Quienes hemos accedido al notariado con base en méritos académicos y profesionales, sabemos lo complejo del proceso, en un entorno de barreras de entrada creadas por la protección del status quo.

Paralelamente, para permitir el acceso al notariado a nuevos talentos, la LN debería jubilar automáticamente a los notarios que cumplan determinados años de edad. Sería cuestión de analizar, en el entorno del derecho comparado, nacional e internacional, cuál es la mejor práctica.

Escoger una edad de retiro puede ser caprichoso. Tenemos una predilección por los números cerrados. Alguien diría que a los 70, otros que a los 80. Es difícil ponernos de acuerdo.

Dejo, no obstante, señalado el tema para futuras reflexiones por parte de Ustedes, estimados lectores y, particularmente, de los abogados futuros notarios quienes deben estar muy interesados en este tema.

Fernando García Sais